CCOO y UGT anuncian movilizaciones a partir de mayo para evitar el “desmantelamiento” de Correos

Las secciones sindicales de UGT y de CCOO en Correos en Cantabria, con el respaldo de CSIF y Sindicato Libre, han anunciado hoy movilizaciones nacionales a partir de mayo, que podrían desembocar en una huelga general en otoño, contra el “desmantelamiento” de la entidad postal y para que el Gobierno “apueste” por esta gran empresa pública.

Han subrayado que si se prorrogan los Presupuestos Generales del Estado en 2018, la situación estará “al límite” y el deterioro de la empresa puede suponer a medio plazo, según sus cálculos, la pérdida de 30.000 empleos en todo el país y de unos 200 en Cantabria.

Los sindicalistas han denunciado que el derecho fundamental de la comunicación por carta en Cantabria no se está respetando. “Con 15.000 personas menos y cayendo... ¿alguien cree que se puede dar el mismo servicio? Es imposible. Y, o lo paramos ahora, o cuando seamos una empresa desguazada y sin futuro ya no estaremos a tiempo. Hay que tomar las medidas ahora y si hay que salir a la calle, saldremos a la calle y pelearemos porque estamos hablando de 57.000 empleos”.

Así lo ha dicho en rueda de prensa la responsable del sector postal de UGT en Cantabria, Montse Noriega, quien ha precisado que en breve comenzará una ronda de asambleas para “concienciar” a los trabajadores de la situación actual; en mayo se llevará a cabo “alguna concentración”; y a lo largo del verano seguirán “las medidas” que podrían desembocar en una huelga general en otoño con la que “plantar cara al Gobierno”.

Noriega y el secretario de Acción Sindical del Sector Postal de CCOO Cantabria, Luciano Palazzo, han explicado que con las movilizaciones pretenden la restitución de la financiación del Servicio Postal Universal, que cuantifican en 230 millones de euros, y que Correos pueda presentar un plan estratégico para convertirse en una empresa de logística --la carta tradicional sigue siendo el 80% del negocio cuando el volumen cae el 5% anual-- de forma que compre una empresa de paquetería y pueda competir a nivel internacional, como ha sucedido en compañías postales públicas de otros países de Europa.

Igualmente las movilizaciones quieren presionar para que se firme un nuevo convenio colectivo --el actual lleva seis años congelado--.

Los sindicalistas han vuelto a advertir que si el Gobierno español mantiene su intención de recortar en 110 millones de euros el presupuesto del servicio postal universal (equivalente a dos terceras partes), se perderán en Cantabria uno de cada tres empleos de la plantilla de la empresa postal pública.

Entre personal laboral y funcionarios hay 479 trabajadores de Correos en Cantabria, a los que se suman 233 eventuales, lo que suma un total de 712 empleos. Según Noriega, desde 2008 se han perdido 15.000 empleos en España, de los que 150 han sido en esta comunidad y en los tres últimos años se han jubilado 75 empleados, por lo que “quedan muchos puestos no cubiertos” en Cantabria.

A ello se suma el hecho de que la tasa de eventuales alcanza el 35%, creando una “situación insostenible para una empresa pública”, y los contratos son “cada vez más precarios”, con el 22% de los puestos de ocho o 16 horas semanales “o menos”.

En Santander, en barrios como Peñacastillo o Cazoña no se recibe el correo a diario sino que incluso tarda cuatro días en llegar porque las secciones de reparto son “muy grandes” y la carga de trabajo “descomunal”.

En las zonas rurales la situación “se nota más” y ya se observa deterioro del servicio en oficinas de municipios como Somo, Ramales o Alceda que sólo abren al público 3 ó 5 horas.

UGT y CCOO han insistido en que la empresa postal pública “corre el riesgo de desmantelamiento” y de acumular un déficit en aquellos servicios, sobre todo en zonas rurales, “donde a una empresa privada no le interesa repartir una carta”.

“Están poniendo en riesgo la mayor empresa pública de España, lo que afectará directamente a los ciudadanos porque no hay otra empresa que quiera el servicio postal y menos aquellos servicios deficitarios sobre todo localizados en zonas rurales”, ha manifestado Palazzo.

Noriega ha apuntado que hay “muchos intereses creados” y el Ejecutivo nacional podría verse influenciado por lobbys para mantener la situación. “El Gobierno está maniatado” y ello derivará en una pérdida de empleo, ha sostenido.