Denuncian en los tribunales el desahucio de una familia de Solares por hacerse “sin orden judicial”

La Plataforma STOP Desahucios ha denunciado en los tribunales a los responsables y autores del desalojo de una familia de Solares (Medio Cudeyo) previsto para este pasado martes y ejecutado solo unas horas después “sin orden judicial”.

Así lo señala el colectivo que, junto con la familia afectada, ha interpuesto una demanda en los juzgados de Santander contra la secretaria judicial y el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Solares, por este desahucio efectuado “por sorpresa” y sin que se hubiera emitido una nueva orden de lanzamiento después de paralizarse la prevista el día 26 a las 10.00 horas.

Lo ha anunciado este jueves la plataforma y la portavoz de la familia, Olga Cobo, en una rueda de prensa ofrecida con motivo de la presentación de la denuncia tras este desahucio, en un piso de la Avenida Calvo Sotelo de la localidad, y ante el que el colectivo había solicitado una prórroga de un mes, para que dieran de alta los suministros (agua, luz, gas, etc) de la vivienda que la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria ha concedido en Anero a esta familia, formada por la mujer, su pareja y su hija, una menor de siete años.

Denuncia y delitos

En cuanto a la denuncia en sí, se dirige contra la secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Medio Cudeyo, Inés Álvarez de Soto, el juez titular, por su posible responsabilidad en la comisión de diferentes delitos, y contra las personas que formaron parte del dispositivo: el jefe del mismo, el abogado de la parte demandante y los miembros de la Guardia Civil.

“Con la Ley de Enjuiciamiento Civil en la mano, resulta imposible que se pueda producir un lanzamiento sin que medie una orden judicial”, reza el texto de la denuncia, que agrega que “para que el lanzamiento practicado el día de autos, 27 de junio de 2018, fuera jurídicamente admisible se tendría que haber producido la intervención del juez mediante el oportuno auto de suspensión e, inmediatamente después, se debería haber emitido una nueva diligencia de ordenación firmada por la secretaria judicial con el nuevo día y hora de lanzamiento”.

Se añade en este sentido que “la diligencia de ordenación debería haber sido notificada a los afectados en tiempo y forma”. Y precisamente por eso “resulta materialmente imposible que se pudiera practicar un lanzamiento al día siguiente de la suspensión del mismo”.

Y se señala para finalizar que en el caso de que el juez “desconociera todo lo que estaba pasando”, entonces “toda la carga de la prueba recaería en la secretaria judicial”, que además podría haber incurrido en “usurpación de atribuciones”.

Además de ese delito, que únicamente afectaría a la letrada, se acusa al resto de denunciados de allanamiento de morada, prevaricación, delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y omisión de impedir delitos.

Relato de los hechos

La propietaria del inmueble de Solares había demandando a los inquilinos por impago del alquiler durante los últimos cinco meses, cuantías que no abonaron al estar en paro. La familia “sobrevive de mala manera” con los 567 euros de la Renta Social Básica, apunta al respecto STOP Desahucios.

Y aunque el desalojo estaba programado para el martes 26, no llegó a realizarse al personarse en la vivienda una veintena de integrantes del colectivo, que se interpusieron “de forma pacífica” a la comitiva judicial y al “desorbitado” despliegue policial.

Pero al día siguiente, sobre las 8.45 horas, la mujer escuchó ruidos en la puerta. “En la entrada de mi casa estaban la secretaria judicial, el abogado de la parte demandante y varias personas más, además del extraordinario dispositivo de la Guardia Civil. De hecho, el patio de mi casa y la escalera se encontraba llena de agentes. Además, había cinco vehículos apostados en los aledaños de mi casa. Me pareció exagerado y fuera de lugar, por decirlo suave”, comenta al respecto la afectada.

Según prosigue, le indicaron que tenía que abandonar la vivienda, y aunque pidió la correspondiente orden de lanzamiento, la secretaria judicial, “después de hacer como que la buscaba en una carpeta que tenía en el brazo, me dijo que la orden del día anterior seguía vigente y que lo que habían hecho era suspenderla momentáneamente”. Ante esto, Olga intentó “cerrar la puerta”, pero “varios” agentes se lo impidieron, “entrando y obligándome a salir de mi casa”.

Para Antonio González, portavoz de STOP Desahucios, el desalojo se hizo “con alevosía y premeditación”, ya que los miembros de la comitiva confiaron, dice para concluir, en la “buena fe” de los integrantes de la familia y del colectivo.