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El acuerdo con Guipúzcoa queda en manos de la oposición

PRC y PSOE necesitan del apoyo de al menos un grupo de la oposición para sacar adelante el acuerdo.

elDiario.es Cantabria

Finalmente, el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) someterá a votación del Pleno del Parlamento autonómico un posible acuerdo a largo plazo para recibir los residuos de Guipúzcoa y lo firmará solo si lo apoya una “mayoría” parlamentaria.

Así lo ha anunciado este lunes la vicepresidenta de Cantabria y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, en su comparecencia a petición propia en el Parlamento sobre este asunto, en la que ha convocado a los portavoces de los grupos parlamentarios a un diálogo para intentar buscar su apoyo a este posible acuerdo a largo plazo, que, según ha dicho, aún falta por negociar y no es seguro.

Según ha explicado, ya se ha firmado el acuerdo para recibir durante tres meses los residuos domésticos de Guipúzcoa -unas 14.000 toneladas al mes y 42.000 al trimestre-, lo que supondrá 3,4 millones de ingresos para la empresa pública MARE, que gestiona los residuos en Cantabria.

La vicepresidenta ha garantizado que el acuerdo de los tres meses (dos meses con la posibilidad de uno de prórroga), que, según ha recordado, tiene el apoyo de “todos” los sindicatos y de la patronal, “cumple” con las directrices sobre residuos tanto europeas, como españolas y también la normativa autonómica.

Y ha justificado la firma de dicho acuerdo a razones de “solidaridad” ante la petición de “auxilio” de Guipúzcoa ante una situación de “causa mayor” al -ha dicho- “no tener alternativa” dicha provincia para llevar todos residuos domésticos a ningún vertedero del País Vasco. También ha aludido a los ingresos que va a recibir Cantabria y a los “resultados positivos” que va a tener para la situación financiera de MARE.

Díaz Tezanos ha recordado que MARE, con 272 empleos directos y más 300 indirectos, tuvo en 2014 unas pérdidas de 3,8 millones de euros, algo de lo que ha culpado al anterior Gobierno (PP), al que ha acusado de dotar insuficientemente las encomiendas de gestión a esta empresa pública para poder declarar pérdidas y llevar a cabo un ERE.

Ha asegurado que MARE se encuentra en una situación “complicada” y ha apuntado que su equilibrio financiero pasa, o bien, por inyectar dinero público, algo que ve “díficil” y “duro” porque habría que restarlo de otro ámbito, o por aceptar ingresos como el que supondría recibir los residuos de Guipúzcoa.

Díaz Tezanos ha asegurado que “no quiere” volver a ver cómo la plantilla de ERE soporta un nuevo ERE como el llevado a cabo durante la pasada legislatura y, por ello, ha avanzado de que, aunque no va a tomar la decisión en base a “intereses economicistas”, sí va a adoptar las “decisiones más beneficiosas y ventajosas” para la comunidad.

EL ACUERDO A LARGO PLAZO

Si finalmente se llega a un acuerdo con Guipúzcoa para cuatros años, llegarán al vertedero de Meruelo 50.000 toneladas anuales y, por tanto, unas 200.000 durante la vigencia de dicho acuerdo. Respecto a estas cifras aportadas por Díaz Tezanos, tanto PP como Podemos han criticado que son cantidades “mínimas”.

Díaz Tezanos ha explicado que actualmente el vertedero de Meruelo tiene capacidad hasta 2030 y firmar el acuerdo a largo plazo con Guipúzcoa supondría acortar esa vida dos años, hasta 2028, un cálculo con el que el expresidente de Cantabria y diputado del PP, Ignacio Diego, no se ha mostrado de acuerdo.

Mientras que la vicepresidenta regional ha asegurado que Cantabria “tiene vertedero para rato”, Diego ha defendido que si finalmente se firma ese acuerdo solo en los cuatro años de vigencia del mismo la instalación de Meruelo recibiría más de un millón de toneladas, sumando lo que llegaría de Guipúzcoa más lo generado en Cantabria, quedando únicamente una capacidad disponible de 200.000 toneladas.

EL PP PIDE “PRUDENCIA” Y “RESPONSABILIDAD”

Por ello, Diego ha pedido al Gobierno de Cantabria la “prudencia”, “responsabilidad” y “planificación” que, a su juicio, no ha mostrado el bipartito hasta ahora en este asunto, y ha vuelto a cuestionar, como en sus comparecencias públicas sobre este tema, los principios de solidaridad y de urgencia a los que apela el bipartito para justificar la firma del acuerdo de tres meses.

Diego, que, al contrario que lo expresado por Díaz Tezanos, ha insistido en que Guipúzcoa tiene otras alternativas para llevar sus residuos dentro del propio País Vasco, ha opinado que este convenio a largo plazo no supondría un “beneficio mutuo” sino un ejercicio de “parasitismo” por parte de una Guipúzcoa, gobernada por el PNV en coalición con unos socialistas que defienden --ha señalado-- que en esa provincia no haya vertederos.

Y ha señalado que “por encima” del principio de solidaridad está el de la responsabilidad y ha preguntado qué pasará cuando el vertedero de Meruelo se agote y si los guipúzcoanos ayudarán a Cantabria a financiar uno nuevo. Además, ha advertido de que sin vertedero tampoco habrá trabajo para la plantilla de MARE.

PODEMOS RECLAMA UNA MESA DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO

El otro grupo parlamentario más crítico con el acuerdo ha sido Podemos, que cree que los argumentos de Díaz Tezanos en defensa del acuerdo “no se sostienen” y le ha pedido que “no venda como solidaridad” el motivo de este acuerdo cuando, a su juicio, responde más a una “transacción comercial” y que tampoco hable de “excepcionalidad” cuando lo que se están planteando es suscribir uno a cuatro años.

También la podemita Verónica Ordóñez ha opinado que no se puede adoptar este acuerdo a largo plazo únicamente basándose en “criterios economicistas” o en la viabilidad de MARE y en el mantenimiento de sus puestos de trabajo ya que, a su juicio, este convenio solo sería una “solución temporal”.

Además, Ordóñez se ha quejado de que la firma de este acuerdo de tres meses ya supone el compromiso de negociar un convenio a largo plazo con unas condiciones bastante “claras”, al menos algunas de ellas.

También ha asegurado que Guipúzcoa, una vez transcurridos los tres meses del convenio firmado y si se firma uno por los cuatro años siguientes, no pagará 96 euros por tonelada sino menos.

Ordóñez ha reclamado la conformación de una mesa de seguimiento del actual acuerdo y del posterior, si finalmente se firma, en la que estén representadas las organizaciones ecologistas, los partidos políticos y las consejerías de Medio Ambiente e Industria.

Por su parte, Ciudadanos ha criticado la, a su juicio, falta de información aportada por el Gobierno al Parlamento sobre las consecuencias que tendría la firma de ese acuerdo a largo plazo y de su encaje en el Plan de Residuos regional que está en elaboración y que, según Díaz Tezanos, el Gobierno llevará al Parlamento para su debate.

Por su parte, el grupo socialista, que junto con el regionalista sustenta al Gobierno bipartito, ha apoyado la firma del acuerdo a 3 meses con Guipúzcoa, una decisión que, según la diputada del PSOE Silvia Abascal, el Ejecutivo “no ha tomado a la ligera” sino con el visto bueno de los técnicos de MARE, que han “constatado” que el vertedero tiene capacidad para recibir estos residuos.

Además, ha explicado que el transporte de residuos entre comunidades, incluídos los peligrosos, no es “irregular”, “ni atípico” y está “perfectamente regulado”. De hecho, y al igual que antes había expuesto Díaz Tezanos, ha señalado que Cantabria recibe residuos industriales de otros territorios y los envía fuera también.

Además, y al igual que la vicepresidenta, ha señalado que, aunque no es lo habitual, también Cantabria ha llevado sus residuos domésticos a otros territorios, como se hizo con los de Santander que fueron admitidos por Palencia, por cuestiones de excepcionalidad.

Por su parte, el PRC se ha mostrado seguro de que Díaz Tezanos logrará “convencer” a los grupos de que hay “más elementos positivos que negativos” para firmar dicho acuerdo.

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