El Gobierno advierte de que el fallo del Supremo que reactiva los derribos supone “un grave quebranto económico”

El Gobierno de Cantabria ha mostrado su preocupación por el pronunciamiento del Tribunal Supremo que supone en la práctica la reactivación de los procedimientos de ejecución de sentencias de derribo, paralizados desde el año 2016, lo que supondrá un “gravísimo quebranto económico”.

Así lo ha señalado el director general de Urbanismo, Francisco González (PSOE), quien ha explicado que la sentencia del Supremo puede derivar en situaciones “paradójicas e incongruentes” como derribar viviendas ilegales e indemnizar a sus propietarios y que luego el nuevo plan general de ordenación urbana en trámite permita construir en ese lugar concreto “lo mismo que se tira”, como ocurriría en el caso de Miengo.

En las dos primeras sentencias que desestiman los recursos del Gobierno contra sendos autos de ejecución de sentencias de derribo -ambas en Argoños-, el Supremo sienta jurisprudencia sobre el artículo 108.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que protege al tercero de buena fe, y rechaza la interpretación del Gobierno de Cantabria, que defendía que había que fijar la cuantía exacta de la indemnización y la entidad responsable antes de la demolición.

La sentencia del Supremo establece que no se trata de fijar la cuantía de la indemnización sino de garantizar que va a haber dinero para hacerla efectiva en su momento, y que se puede seguir adelante con la ejecución de la sentencia, que es “independiente de lo demás”, lo que en la práctica supone que “antes de pagar se procederá a la demolición”, ha señalado González.

El director general de Urbanismo ha reiterado que algunas viviendas se podrían “legalizar” a través de los nuevos planes generales que están en tramitación, pero la sentencia del TS “complica” ese objetivo porque “no va a dar tiempo en muchos casos” a aprobar esos planeamientos que, ha recalcado, “no se hacen para salvar situaciones de ilegalidad” sino por “un interés general”.

González ha recordado que el Gobierno de Cantabria tiene firmados convenios con los afectados que establecen como hoja de ruta la aprobación de los PGOU, y en los casos en que no sea posible la legalización de las viviendas por esa vía, una vivienda de sustitución y si no una indemnización antes del derribo.

El titular de Urbanismo, dirección general dependiente de la consejería de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, “supone” que los servicios jurídicos del Gobierno, estarán analizando los procedimientos a seguir y si hay “alguna vía para intentar llegar a algún tipo de acuerdo o aclaración”.