La Justicia requiere al Gobierno un plan de ejecución de las sentencias de derribo

El Gobierno de Cantabria diseñará un plan de ejecución de sentencias de demolición y propondrá a los tribunales que no se derriben las viviendas que estén en vías de resultar legales a corto plazo.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, en relación al requerimiento que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha remitido al Gobierno y a los ayuntamientos afectados para que informen sobre la forma y plazos de ejecución previstos.

“Lo que hay que hacer ahora, que es lo que nos piden, es un plan de ejecución de estas sentencias, que tendrá que desarrollar la Dirección General de Urbanismo en colaboración con la Dirección Jurídica y el resto de los miembros del Gobierno”, ha declarado De la Sierra.

El consejero ha señalado que se analizará la evolución previsible de cada grupo de viviendas y de las garantías, la indemnización previa al derribo, y la legalización de las viviendas“ que admitan esta posibilidad.

No obstante, De la Sierra ha señalado que tras el requerimiento del TSJC, que se produce como consecuencia de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las autorizaciones provisionales, el Gobierno mantiene la misma posición.

Posición que ha resumido en “cumplir la ley y las resoluciones judiciales, ayudar en todo lo que se pueda a conseguir que nadie sea privado de su vivienda sin que sea previamente indemnizado o se le proporcione otra vivienda; y proponer que no se derriben aquellas edificaciones que están en vías de resultar legales a corto plazo”.

“Para nosotros es fundamental el trato a los afectados, pero también como es lógico hay que cumplir la ley y las resoluciones judiciales”, ha concluido.