El Gobierno reorganizará las sedes judiciales de Santander y hará más restrictiva la Ley del Juego

El Gobierno de Cantabria tiene como objetivo en esta legislatura reorganizar las sedes judiciales de Santander y hacer más restrictiva la Ley del Juego, ante el incremento de casos de ludopatía entre los jóvenes. Concretamente, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, descarta unificar las sedes en el antiguo convento en la calle Alta de Las Clarisas “por falta de espacio” y aboga por buscar otra fórmula “de consenso”.

Precisamente el consenso y el entendimiento han marcado la comisión parlamentaria en la que la titular de este departamento ha presentado las principales líneas de acción que pretende llevar acabo. En este sentido, respecto a la problemática de la adicción al juego, Fernández ha anunciado que en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2020 se fijará una modificación de la Ley del Juego para establecer una distancia mínima de 500 metros entre todos los establecimientos de esta índole y los centros escolares y de rehabilitación de ludopatías, una medida que ha contado con el visto bueno de la Comisión del Juego.

Posteriormente, la consejera de Presidencia ha explicado con detalle el proyecto de reorganización de las sedes judiciales, que tiene como objetivo liberar espacio en Las Salesas y llevar algunas unidades que allí se encuentran al edificio Europa y a otras sedes propiedad del Ejecutivo. “Es un problema de saturación”, ha señalado, de forma que, tal y como ha expuesto, los diferentes equipos psicosociales se llevarán a otras ubicaciones, Torrelavega, entre ellas.

Sobre la ubicación en Las Clarisas, además de su inviabilidad por problemas de espacio, Fernández ha recordado que el edificio es Bien de Interés Cultural y, por tanto, “se debe de conservar”. Sobre ello, ha detallado que se dedicarán 500.000 euros para una primera fase en la que se reparará la cubierta.

Además, ha avanzado que “cree que esta será la legislatura” de la creación e implantación de las oficinas judicial y fiscal en Cantabria, que se hará “de forma progresiva”, de manera que en los seis primeros meses se estudiará su diseño y posibles ubicaciones.

Por otro lado, en su comparecencia, Fernández ha anunciado que el Gobierno autonómico elaborará una Estrategia de Protección Civil, a través de un plan que fijará los objetivos de acción para los próximos años. Esta estrategia incluirá un nuevo plan especial de protección civil frente al riesgo de fenómenos meteorológicos y un inventario de riesgos naturales y tecnológicos.

Despoblamiento y leyes

Asimismo, este departamento afrontará la estrategia de lucha contra el despoblamiento creando un consejo asesor que coordinará los trabajos y ha apuntado que el decreto por el que se creará este órgano está “muy avanzado” y se aprobará “en breve” por el Consejo de Gobierno. “No conllevará ningún gasto presupuestario ni de personal adicional”, ha apuntado Fernández.

En el ámbito legislativo, la consejera ha señalado que las actuaciones consistirán en el desarrollo de una nueva ordenación territorial de Cantabria, mediante la delimitación comarcal de la región; el proyecto de ley que blindará el Fondo de Cooperación Local; la nueva norma reguladora de las entidades locales menores, que contará con un fondo económico para su sostenibilidad, y se impulsará un proyecto de Ley de Participación Ciudadana.

También se abordará una nueva Ley de Función Pública, que establecerá por primera vez una carrera profesional para los empleados públicos de la Administración General.

Además, Fernández ha anunciado que desde su departamento se ha convocado para el 15 de octubre una reunión para analizar el funcionamiento de la Ley de Espectáculos, aprobada en la pasada legislatura y que según el PP sigue dando “problemas”, con todos los agentes implicados, incluidos los ayuntamientos. La consejera se ha mostrado abierta a posibles modificaciones aunque sin “restar un ápice” en la seguridad a la hora de llevar a cabo espectáculos y eventos.

Además, en su comparecencia, se ha referido al Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC), que, según ha dicho, potenciará la formación en línea y la investigación y los estudios de mejora de los servicios públicos.

La Administración electrónica centrará otra parte de los esfuerzos de la Consejería, tanto en apoyo a los ayuntamientos, como en el seno de la propia Administración del Gobierno cántabro. Así, se implantará un proyecto piloto para dotar de sistemas de inteligencia artificial al servicio de información telefónica 012.

Finalmente, la consejera ha informado a la comisión parlamentaria que el Consejo Económico y Social (CES), órgano de participación social en materia sociolaboral que se recuperó por ley en la anterior legislatura, celebrará su primer pleno antes de que finalice el año.