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La Oficina de Intermediación Hipotecaria ha atendido a 85 personas y evitado diez desahucios en 2016

El consejero José María Mazón ha informado de la reunión del Observatorio de la Vivienda. |

elDiario.es Cantabria

La Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional de Cantabria ha atendido durante el primer trimestre de este año a 85 personas y ha evitado diez lanzamientos de viviendas, la mitad de desahucio hipotecario y la mitad de desahucio de alquiler.

De los 85 casos tratados, 33 se encontraban en situación de emergencia habitacional, según la legislación cántabra, 15 con procedimientos de ejecución hipotecaria iniciada y 18 con procedimiento de desahucio de alquiler.

En cuanto al perfil de usuarios de la Oficina, el 60% de quienes han acudido son de nacionalidad española. La mayor parte de los casos son de parejas no casadas, mientras se han atendido 19 casos de divorciados, 12 de ellas mujeres con hijos a cargo y dos hombres con hijos.

La situación laboral de la mayoría era “mala o muy mala” pues en el 48,6% de los casos no trabaja ningún miembro de la unidad familiar y hay seis familias que declaran no percibir ningún tipo de ingreso. Veinticinco de los casos atendidos tienen como ingresos la renta social básica y 16 otros subsidios. Además, cuatro corresponden a víctimas de violencia de género y tres a personas con discapacidad.

Se trata de un balance de la Oficina incluido en el informe 'Emergencia habitacional en Cantabria', que junto con otro sobre el 'Análisis del perfil de demandante de vivienda protegida', se ha presentado este martes en el Observatorio de la Vivienda y Suelo de Cantabria y que posteriormente ha dado a conocer en rueda de prensa el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón.

El consejero se ha mostrado “satisfecho” con el funcionamiento de la Oficina, un “reconocimiento compartido” por las plataformas de afectados, de las que no ha recibido críticas sino solo “sugerencias”, ha asegurado, si bien ha subrayado que, por contra, “no está satisfecho con la situación de las personas que llegan” a este recurso, casos “muy graves” de “gente que no tiene ingresos, que tiene deudas y familias que alimentar”.

El informe sobre emergencia habitacional constata que la tasa de mora de las familias de Cantabria ha pasado de ser casi inexistente (0,5% entre 2005 y 2007) a situarse en más de un 5% en la actualidad. Ello ha dado lugar a que desde 2007 se hayan iniciado más de 5.000 procedimientos de ejecuciones hipotecarias.

También se han incrementado los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias desde 2005, con 311 el año pasado, aunque lejos de los 669 de 2013. Igualmente han crecido los lanzamientos por impagos de alquiler, que sumaron 462 en 2015.

Demanda de vivienda protegida

Por su parte, el análisis del perfil del demandante de vivienda protegida, para cuya elaboración se han estudiado 20 promociones de VPO y 8.082 solicitantes, determina que el 80% de la demanda se concentra en Santander, Torrelavega, Camargo y Reinosa.

En el registro público hay actualmente inscritas 23.225 personas. El perfil del demandante es de un hombre soltero, joven y sin hijos, de nacionalidad española. Casi la mitad de los solicitantes son personas no emancipadas y el 28% tiene unos ingresos mensuales inferiores a 1.000 euros. El 48% estaría dispuesto a pagar menos de 300 euros al mes, el 29% pagaría entre 300 y 400 euros y el 21,7% más de 400 euros.

En cuanto al perfil del comprador de vivienda protegida, es mayoritariamente soltero, joven y sin hijos al cargo aunque no tan joven como el demandante de vivienda registrado. La mayoría tiene unos ingresos inferiores a los 18.000 euros anuales.

Junto a estos dos estudios, en el Observatorio de la Vivienda también se ha dado a conocer un tercero sobre el precio de la construcción, que se ha publicado en la base de datos del Colegio de Arquitectos Técnicos. De este modo, cualquier ciudadano puede consultar los precios del sector en la web colegial de forma libre y gratuita.

A preguntas de la prensa, el consejero ha señalado que Cantabria cuenta actualmente con un parque público de unas 200 viviendas, así como que las conclusiones de los distintos estudios no modificarán la política de vivienda del Gobierno dado que las conclusiones que presentan “no son novedosas”.

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