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El PP activa el proceso para aprobar la Ley de Transparencia de Cantabria

Portal de la Transparencia del Gobierno de Cantabria.

Laro García

El pasado mes de diciembre se cumplió un año desde que la Consejería de Presidencia presentó públicamente el anteproyecto de Ley de Transparencia para la Comunidad Autónoma, un acto que realizó tras aprobar el texto en el Consejo de Gobierno y que arrancaba así el proceso para su entrada en vigor definitiva, que debía ratificar previamente el Parlamento autonómico.

Sin embargo, a pesar de que entonces el Ejecutivo PRC-PSOE cifró en dos meses el plazo aproximado para sacar adelante esta norma, los pasos que se han dado en este tiempo son prácticamente nulos, lo que tiene bloqueada su aprobación en la Cámara y aleja la posibilidad de que llegue a entrar en vigor en la presente legislatura, puesto que el anteproyecto de ley establece un plazo de seis meses para su aplicación y la entrada en vigor del régimen sancionador.

Ante este escenario, el Grupo Parlamentario Popular ha tomado la iniciativa y ha solicitado ese mismo miércoles la convocatoria, el próximo 2 de febrero, de la ponencia de la Ley de Transparencia de Cantabria con el “reto” de que esta normativa, a la que el PP ha presentado 84 enmiendas, esté aprobada antes de Semana Santa o en todo caso, en el actual periodo de sesiones.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la diputada del PP Isabel Urrutia, quien ha subrayado que su partido “no encuentra excusa que demore más allá de febrero” la reunión de la ponencia de una ley que “Cantabria debe tener” porque, a su juicio, “lo que hace dos años era urgente, hoy es perentorio”.

Obligaciones y sanciones

El Gobierno de Cantabria explicó en la presentación del proyecto que la Ley de Transparencia que habían elaborado será “la más avanzada” del país y que, entre otras novedades, incluía la creación de una unidad específica y un procedimiento sancionador para aquellas personas que estén obligadas a cumplir la norma y no lo hagan.

Así, en función de la gravedad, se establecían sanciones económicas, que oscilan entre 600 euros (infracciones leves) y 12.000 euros (muy graves), y medidas disciplinarias, como el cese de un alto cargo que incumpla la ley.

También se pretenden aclarar los derechos de los ciudadanos a la hora de reclamar, cuando desde la administración pública o el Portal de Transparencia no se da respuesta a sus solicitudes de información, pero respetando y garantizando siempre el derecho a la privacidad de determinados datos.

Además, añadirá la publicación de los saldos bancarios del Gobierno y las agendas institucionales del Ejecutivo, ayuntamientos y altos cargos. En este sentido, un ciudadano podrá conocer de una persona que trabaja para la administración sus datos personales, formación, trayectoria, sueldo que percibe, si realiza actividades complementarias que se pueden compaginar con su cargo, su declaración de bienes, etc.

Próximos pasos

Urrutia ha comunicado a los cuatro ponentes del resto de grupos la convocatoria del día 2, al tiempo que ha censurado el “entorpecimiento del PRC y PSOE” en la tramitación del proyecto de ley, que se inició el 23 de diciembre de 2016 con el registro en el Parlamento. Así, se ha preguntado si la “demora” no responde a una “estrategia” para que “cuanto menos tenga que cumplir Revilla y los suyos con la transparencia, mejor para el PRC y para el PSOE”, ha sostenido. Y ha insistido en que el PP “no consentirá más demoras” ni posponer una norma que tenía que estar aprobada antes del verano de 2017.

En este sentido ha criticado el “entorpecimiento deliberado” de los grupos que apoyan al Gobierno (Regionalista y Socialista) por la no admisión a trámite de las enmiendas parciales por parte de la mesa de la Comisión que preside el PRC hasta transcurridos seis meses de su presentación. Es decir, las enmiendas se presentaron el 17 de abril del año pasado y se admitieron a trámite el 6 de octubre.

Además, la parlamentaria ha reprochado la “falta de diálogo y negociación” de las enmiendas por parte de los regionalistas “que no han tenido tiempo para sentarse a negociarlas”.

Por otra parte, Urrutia ha anunciado que el PP ha presentado 84 enmiendas al proyecto, de las que 63 son de modificación, 19 de anexión y dos de supresión. Entre estas últimas, la diputada ha enfatizado la “rotunda” oposición de su grupo a la creación del Consejo de Transparencia de Cantabria, que según la popular, sería “un organismo autónomo nuevo con estructura y altos cargos”.

El Grupo PP propone suprimir los artículos que lo crean y que Cantabria continúe bajo la supervisión del Consejo Nacional de la Transparencia y Buen Gobierno porque es “más económico, más austero, y más garantista con quien solicita la información, al ser un órgano ajeno e independiente de la administración quien lo resuelve”.

Además, las enmiendas del PP buscan mayor transparencia en la gestión del dinero público, en las retribuciones y gastos de los cargos directivos del Gobierno, en línea con lo que “PSOE y PRC exigen en el Ayuntamiento de Santander”, así como más transparencia en la publicidad institucional en todos los medios de comunicación.

En definitiva, las enmiendas populares buscan más transparencia en la gestión y en el uso y destino del dinero público, así como en los gastos de los cargos directivos, y se oponen a la creación del Consejo de Transparencia.

“Urge por lo tanto, y en la responsabilidad política de los grupos está, el avanzar en la tramitación de esta norma, que sea una realidad antes de Semana Santa, o al menos en este periodo de sesiones que comienza el próximo mes de febrero”, ha concluido.

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