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PSOE y PRC piden la dimisión del concejal de Obras por el derrumbe del edificio de la calle Sol

Rueda de prensa de José María Fuentes-Pila y Pedro Casares en el Ayuntamiento de Santander

Sara Aja

SANTANDER —

Los portavoces de los grupos socialista y regionalista en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Casares y José María Fuentes-Pila, han denunciado este lunes que ha existido “dejación de funciones” y una “aparente negligencia política” en el caso del derrumbe de parte del edificio de la calle del Sol, además de un “posible trato de favor”, por lo que han exigido la “inminente” dimisión de César Díaz, concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda.

El inmueble se derrumbó parcialmente el pasado miércoles por la tarde, horas después de la aparición de grietas en la estructura, originadas según se sospecha por las obras que se estaban acometiendo en el local ubicado en el bajo del edificio, que los vecinos venían denunciando desde el 2 de junio ante el Ayuntamiento, que ignoró la petición vecinal y, mientras tanto, concedió al promotor la licencia de obra mayor, el 23 del mismo mes.

El 6 de julio, el Ayuntamiento de Santander había registrado un informe de los afectados que acreditaba la inestabilidad de la estructura del edificio, firmado por un arquitecto colegiado, que pedía la paralización definitiva de la obra ante la gravedad del estado de la estructura del inmueble, que finalmente se vino abajo el pasado 19 de julio.

Desde el Partido Socialista y el Partido Regionalista corroboran la posibilidad de “trato de favores” y “negligencia” por parte del Ayuntamiento ante la rapidez con la que se tramitaron las concesiones de las licencias de obra, al tiempo que se retrasaban las peticiones de los vecinos afectados.

Por otro lado, señalan que las licencias de obra otorgadas, por las que el promotor pagó 30.000 euros en concepto de tasas, no permitían el uso de maquinaria y, desde la constructora se jactaron al publicar fotos del destrozo que estaban acometiendo en el local, de la misma manera que el promotor anunciaba a los medios una inversión de más de 200.000 euros en la reforma.

También exigen conocer las razones por las que César Díaz (PP) ha mentido al asegurar a los medios de comunicación que la paralización y posterior reanudación de las obras ilegales no archivaba el expediente de disciplina urbanístico abierto a la promotora, cuando el 28 de junio fue él mismo quien firmó ese archivo, además de pedir su sanción correspondiente.

Pedro Casares y José María Fuentes-Pila, tras haber analizado los informes, las licencias y sus fechas, proclaman que sean los jueces quienes determinen la responsabilidad civil de los implicados. Sin embargo, exigen de inmediato que ejerzan su responsabilidad política y actúen en consecuencia, ya que quedan preguntas sin resolver.

La oposición afirma que la tragedia se podía haber evitado y que los vecinos habían hecho todo lo que estaba en su mano. “El PP ha atendido mejor a quien rompió la ley que a los que han perdido sus casas”, afirma Fuentes-Pila, quien también reclama que los responsables pidan perdón, que se comience una comisión de investigación independiente para despejar todas las dudas que el caso ha creado y que sea la Fiscalía quien aplique sus conclusiones.

Además, exigen la dimisión inminente del concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda o, de lo contrario, que la alcaldesa, Gema Igual (PP), lo cese de su cargo, ya que ante la falta de respuestas, “o bien miente, o no está capacitado para su trabajo”, afirma José María Fuentes-Pila.

Protección ciudadana

Los vecinos afectados habían denunciado el estado del edificio ante la policía local, por lo que Pedro Casares y José María Fuentes-Pila dicen haber pedido, en la comisión de urbanismo del pasado viernes, la paralización de las grabaciones de la centralita de la policía, “pues las cintas se graban sobre sí mismas y perderíamos estas denuncias”, cuenta Casares, quien alerta que ante esta petición, el concejal de Protección Ciudadana, Pedro Nalda (PP), no dio ninguna respuesta y se limitó a decir que habían trasladado el expediente a las autoridades, sin asegurar la paralización de las grabaciones.

Por su parte, los portavoces del PSOE y del PRC tampoco comprenden cómo Pedro Nalda asegurase ante los medios que una posibilidad cierta del derrumbe eran “las obras en el ascensor del bloque” que se habían hecho hacía ya meses. Ante estas declaraciones, la oposición pide cautela y prudencia por parte de los responsables políticos, debido a la gravedad de los hechos.

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