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El Gobierno reclama medidas “urgentes” ante el precio de la energía para frenar la crisis industrial de Cantabria

Miguel Ángel Revilla, acompañado por el consejero Francisco Martín, recibe al comité de empresa de Ferroatlántica. | RAÚL LUCIO

Laro García

La crisis industrial desatada en Cantabria en las últimas semanas, que a modo de 'tormenta perfecta' ha afectado a algunas de las principales empresas radicadas en la comunidad autónoma y ha hecho sonar todas las alarmas por los expedientes de regulación de empleo anunciados en las plantas de Ferroatlántica, Sniace, GSW o SEG Automotive, entre otras, ha llevado al Gobierno de Cantabria a exigir medidas “urgentes” al Estado ante el elevado precio de la energía que está afectado a estas compañías.

Así lo ha comunicado el propio Ejecutivo autonómico después de la reunión que han mantenido este jueves el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, con representantes del comité de empresa de Ferroatlántica en Boo de Guarnizo, que han coincidido en señalar que para que la planta pueda seguir siendo “competitiva” y evitar un futuro “muy negro” que podría abocar al “cierre” hay que hacer “todo lo posible” para revertir una situación que consideran “insostenible”.

Lo ha alertado el propio presidente del comité de empresa, Francisco González, tras el encuentro que ha tenido lugar en la sede del Gobierno de Cantabria: “Es inviable la industrial electrointensiva en España en estos momentos”, ha advertido el representante sindical, que se ha quejado de que tras la subasta de interrumpibilidad -que ha adjudicado 1.000 megawatios a la industria por 4,38 millones, con un recorte del 90%- no pueden competir con países europeos del entorno.

En este sentido, Martín ha considerado que “lo más urgente” es ampliar esa subasta, ya que la bonificación económica del megawatio “prácticamente ha bajado a cero” a las empresas de nuestro país. “El sistema electrointensivo no aguanta más meses a estos precios”, ha avisado el consejero de Industria.

Ferroatlántica de Boo anunció a principios de diciembre que aplicaría de inmediato un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) que afecta inicialmente a unos 70 trabajadores, la mitad de la plantilla de la factoría, motivado por “el encarecimiento de la energía” que se prevé para 2020.

El director de la fábrica, Alberto Fuentes, señaló entonces que, si la situación “ya era complicada hace meses”, cuando se empezó a negociar la regulación temporal de empleo, ahora la subasta de interrumpibilidad recién publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) “lo pone imposible” porque “así no podemos competir con las fábricas del resto de Europa”, un argumento que ha hecho suyo el propio comité de empresa.

“Nuestros precios de materia prima y de producto final los marca el mercado internacional. Tenemos la máxima eficiencia en el uso de la energía, estamos ya en nuestro techo de ahorro energético. Ya no hay más factores que puedan contrarrestar el coste eléctrico: o el suministro se pone en precio de viabilidad, o se está fomentando de manera muy irresponsable a la competencia exterior y, desde luego, la deslocalización de actividades de las que viven comarcas enteras”, denuncian desde la compañía.

Complicidad del Estado

Según anunció recientemente el consejero de Industria, el Ejecutivo autonómico buscará el apoyo del Gobierno de España para presentar una propuesta concreta a la Comisión Europea que autorice a aplicar rebajas en la electricidad a las empresas electrointensivas de la comunidad y de toda España, de tal manera que puedan ser “competitivas” como las del resto de Europa que sí tienen medidas de apoyo al consumo eléctrico.

Tras la reunión de este jueves, Martín ha manifestado que llevan dos meses con la sensación de “clamar en el desierto”, refiriéndose a los problemas de las cuatro empresas electrointensivas de Cantabria pero que son una veintena en toda la Cornisa Cantábrica relacionadas con la siderometalurgia.

En este sentido, el responsable de Industria ha dicho que la labor de la Unión Europea es la de “armonizar” los precios de la electricidad, pero que lo que está haciendo es todo lo contrario, ya que las empresas españolas tienen que pagar casi 60 euros el megawatio mientras que las francesas tienen un precio por debajo de 30 y las alemanas menos de 35. Esto hace incluso que entre las fábricas del mismo grupo haya competencia, porque en Francia Ferroatlántica también tiene centros de producción a las que va el trabajo en detrimento de la de Boo, en Cantabria.

Martín ha señalado que el Gobierno tiene el compromiso de la ministra Reyes Maroto de que se aprobará “pronto” el decreto de las electrointensivas, pero si ese pronto es más allá de cuatro meses, “tendremos un serio problema”, ha señalado el consejero cántabro: “Nos tienen que decir cuál es la hoja de ruta para que las empresas y los trabajadores tengan a qué atenerse en los próximos meses porque esto ya es insostenible”, ha dicho en declaraciones a la prensa.

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