Trabajadores de seguridad de Ombuds protestan en Santander por el impago de sus nóminas

Trabajadores de seguridad de la empresa Ombuds se han concentrado este lunes en la plaza de Alfonso XIII de Santander, frente a la sede de Correos, para protestar por el impago de sus nóminas y pedir a las administraciones y clientes privados que rescindan sus contratos con el grupo.

Con la concentración, convocada por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) y el CSIF, los trabajadores de Ombuds han hecho pública la situación que atraviesan al estar sin cobrar y han instado a los clientes a romper las relaciones contracturas con la empresa, que este lunes ha entrado en concurso de acreedores, para “no ser responsables subsidiarios”.

El secretario general de FTSP-USO, Gerardo Prieto, ha explicado en declaraciones a la prensa que Ombuds adeuda nóminas a los más de 7.000 vigilantes que tiene en toda España, entre ellos a casi 60 en Cantabria y que prestan servicio en Correos, las instalaciones de RTVE, el Museo Nacional Altamira en Santillana del Mar y en los tres hipermercados de Carrefour en la región --2 en Santander y 1 en Torrelavega--.

Ombuds, según ha detallado Prieto, adeuda la nómina de junio, la paga extra de julio y, en próximos días, “tememos” que se sume también la nómina de julio, y con todo ello “las partes proporcionales de las pagas de beneficios”. “Cuatro pagas, cuatro nóminas, nos deberán”, ha dicho.

Además, la plantilla no tiene muchas esperanzas de cobrar porque la empresa está en “una situación de insolvencia total” y acumula deudas por 40 millones de euros a Hacienda y la Seguridad Social además de las que tiene con los trabajadores.

La entrada en concurso de acreedores de Ombuds es “algo que los sindicatos estábamos temiendo y esperando” y hoy se ha materializado, por lo que en los próximos días un administrador concursal se hará cargo de la empresa y tendrá que estudiar “el dinero del que dispone para pagar a los trabajadores”.

“Nos tememos que la empresa se liquide y los trabajadores no cobren”, ha apostillado Prieto que, además, ha lamentado que, aunque se rescindan los contratos de administraciones y clientes privados con Ombuds, las empresas que opten a los mismos “tendrían que hacer frente a sus deudas con los trabajadores y subrogarles” lo que pone a los empleados en una “situación complicada porque pueden perder el trabajo”.

Por su parte, el representantes de CSIF, José Ángel Trapero, ha insistido en que se rescindan todos los contratos públicos y privados con esta empresa pero también cree que, en cualquier caso, los trabajadores “quedarán en una situación muy incierta” no sólo porque “prevemos que tendrán que cobrar del Fogasa, tarde y mal, porque se cobra a los dos años y con quitas del 50%”, sino que “muchos igual ni cobrarán” y todos pueden perder el empleo.