UGT rechaza por cuestión de seguridad el decreto que permite a viajeros de zonas rurales usar el transporte escolar

UGT ha rechazado este viernes el decreto del Gobierno de Cantabria que regulará desde mañana la integración de los servicios de transporte público de viajeros por carretera en las zonas rurales de la región, que entre otros efectos, permitirá que usuarios de esas áreas rurales puedan utilizar el transporte escolar.

En un comunicado, el sindicato ha recordado que ya presentó en su momento alegaciones al decreto en las que reafirmaba su postura de que, aún coincidiendo con la Administración en la necesidad de dar respuesta de transporte colectivo a los habitantes de las zonas más rurales, no compartía el planteamiento de integrar el transporte público regular de uso general en el de uso especial ni el de uso especial en el regular.

Para los departamentos de Transporte y de Enseñanza Pública de UGT, que elaboraron las alegaciones del sindicato al decreto, “la seguridad de los niños en ningún caso debe ser medida en términos de rentabilidad económica y las administraciones públicas son las responsables de poner en funcionamiento todas las medidas que sean necesarias para garantizar esa seguridad”.

En este sentido, el sindicato ha recordado que el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación exigen a toda persona adulta que va a tener contacto con los menores un certificado de antecedentes por delitos sexuales, por lo que “lo lógico es evitar cualquier situación indeseada”.

Además, han argumentado que el transporte escolar requiere obligatoriamente de una persona adulta que ejerce de monitor durante el trayecto y que el mismo vehículo sea compartido por adultos y escolares “puede generar muchas situaciones de conflicto”.

Conflictos previsibles

“Los niños expresan sus emociones y sentimientos de maneras diferentes y estos comportamientos pueden no ser atendidos por las personas adultas, por lo que habría que preguntarse quién tendría la responsabilidad de resolver el conflicto y quién se enfrentaría a la persona adulta si fuera necesario”, ha planteado el sindicato, que confía en que la Consejería de Educación elabore un informe que manifieste “la clara incompatibilidad del decreto con la obligación de protección del menor en el transporte escolar”.

UGT ha explicado que en otras autonomías y territorios “muy similares” a Cantabria se da respuesta a esta misma necesidad de la población con otras opciones “aceptables”, como con el transporte a demanda o el mancomunado por distintas administraciones públicas.