La defensa de Díaz Helguera dice que no hay pruebas de cohecho y que la fiscal lo mantiene por la presión mediática

La defensa del exalcalde de Castro Urdiales Rufino Díaz Helguera, acusado por la Fiscalía de un delito continuado de cohecho en el juicio de La Loma, ha asegurado este martes que “no hay ninguna prueba” que acredite la comisión de un delito por el que su defendido ha sufrido la 'pena de banquillo' durante 12 años, y se ha mostrado “convencido” de que la fiscal “habría retirado” los cargos contra él “si este juicio no tuviese la repercusión mediática que tiene”.

En la misma línea se ha pronunciado la defensa del exarquitecto municipal Pedro Restegui, acusado igualmente de cohecho continuado por la Fiscalía -en su opinión “sin el más mínimo fundamento- y en este caso también por la Junta Vecinal de Santullán (acusación particular). La Fiscalía pide cuatro años de prisión para cada uno de ellos, 10 años de inhabilitación y multa de 149.000 euros para el exalcalde y de 1,8 millones para el exarquitecto.

El abogado de Díaz Helguera, Agapito Pastor, ha pedido la nulidad del informe de rastreo de cuentas del exalcalde porque no hay en la causa ninguna resolución judicial que lo autorice. Además, las dos defensas han pedido la nulidad de los respectivos informes patrimoniales “por falta de competencia legal de sus emisores”.

Así, tanto Pastor como el abogado de Restegui, Andrés de Diego, han señalado que los informes fueron realizados por un agente del Servicio de Vigilancia Aduanera, marino mercante de profesión, que según han detallado, reconoció en el propio juicio que no estaba cualificado para realizar ese tipo de investigaciones, y advirtió al propio juez instructor -Luis Acayro Sánchez- que no tenía competencia para investigar hechos derivados de un delito de cohecho.

Han añadido que la acusación de la Fiscalía se basa en una supuesta doctrina del Tribunal Supremo extraída de la sentencia del director del aeropuerto de Bilbao de noviembre de 2008, según la cual se puede condenar por un delito de cohecho en base a indicios que “aquí no se cumplen” -ha dicho el abogado del exalcalde-, porque tiene que quedar acreditada la existencia de actos irregulares, un nivel de vida muy superior a sus capacidades económicas, compras inmobiliarias, etc.

NI “MORDIDAS” NI “COMISIONES”

Pastor ha destacado que Díaz Helguera, que fue alcalde de Castro entre 1991 y 1999, es “una persona soltera, con una única vivienda en propiedad, sin carnet, ni coche ni garaje”, por lo que se ha preguntado “¿dónde está ese ritmo de vida tan sofisticado que podría justificar supuestas mordidas o comisiones?”, y “¿qué acto injusto ha realizado por el que ha recibido esas supuestas contraprestaciones”.

Al respecto, ha señalado que la Fiscalía le acusa por la aprobación de un instrumento urbanístico que ni siquiera se dice que sea irregular, por lo que se ha mostrado convencido de la absolución de su defendido, que será una “satisfacción”, aunque ya ha sufrido la condena “antes del juicio”.

En la misma línea, el abogado de Pedro Restegui ha dicho que han sido “12 años de zozobra, de pena de banquillo y de condena social e injusta”. Andrés de Diego ha dicho que el procedimiento ha sido un “despropósito” y que lo que se planteó como “una cultura de corrupción generalizada, que llegó a denominarse la Marbella del Cantábrico, ha quedado en unas meras irregularidades administrativas”.

Al igual que el resto de las defensas, el letrado ha vuelto a criticar la instrucción de Luis Acayro Sánchez, al que acusan de ejercer como parte acusadora y vulnerar el derecho de los investigados a un juez imparcial. Y ha pedido que se impongan las costas del proceso a la Junta Vecinal de Santullán, cuya postura procesal ha considerado “insólita”, y a la que reprocha falta de legitimación activa para acusar por cohecho.

El juicio de La Loma, que arrancó el pasado mes de octubre, concluye este jueves con la última palabra de los acusados, después de que este miércoles emitan sus informes las últimas defensas.

De los 45 acusados iniciales, la fiscal retiró los cargos a 39 y sacó de la causa los SUNP 3, 4 y 7. En total se ha juzgado a 13 personas -seis acusados por la Fiscalía y el resto por Santullán- que aparte del cohecho, se enfrentan a distintas penas por presuntos delitos de prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad documental por irregularidades en la aprobación de los instrumentos urbanísticos de desarrollo de SUNP 12 de La Loma, cuya nulidad solicitan tanto la Fiscalía como Santullán.

Sobre las 46 viviendas unifamiliares que construyó Vallehermoso en esa zona y cuyo derribo solicita la Fiscalía, Santullán pide la demolición de las 11 que invanden la zona de servidumbre de protección de carreteras.