La economía sumergida de Cantabria asciende a más de 2.600 millones de euros

Cantabria se dotará este año de un plan específico de lucha contra el fraude fiscal, que será impulsado por la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria en colaboración con el Gobierno autonómico y que contará con la participación de otras administraciones y los agentes económicos y sociales.

El documento será “flexible” y su objetivo prioritario será combatir esta “lacra”. Estará basado en el “civismo” contra el fraude, esto es, en concienciar a la población de la importancia de cumplir sus obligaciones tributarias para evitar “un problema de todos”, en una región que cuenta 2.657 millones de euros de economía sumergida -dato de 2014-, lo que representa el 22,4% del PIB. Esta cifra se sitúa por encima del presupuesto regional para este ejercicio -2.464 millones- y “un poco por debajo” de la deuda autonómica.

El plan, que partirá de un borrador que elaborará la Agencia antes de este verano, se articulará en tres ejes: facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, educar a la sociedad “en civismo” para que sea consciente de la importancia de cumplir estas obligaciones y, por último, perseguir las prácticas fraudulentas, aplicando las medidas y sanciones previstas.

Esta iniciativa será presentada esta tarde en una mesa redonda sobre economía sumergida organizada por la Cámara de Comercio y el Colegio de Economistas de Cantabria, y ha sido adelantada en la rueda de prensa celebrada por la mañana con motivo de la charla por el director de la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria, Pedro Pérez Eslava.

En la comparecencia ante los medios también han intervenido el presidente de la Cámara, Modesto Piñeiro; el decano-presidente del Colegio de Economistas de Cantabria, Fernando García; el vicepresidente de CEOE-Cepyme, Javier Rodríguez; y el profesor de la Universidad de Cantabria, David Cantarero.

A todos ellos se sumarán, en la 'Mesa redonda sobre economía sumergida y desigualdad' la delegada de la Agencia Tributaria en Cantabria, Carmen Gómez, y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, Miguel Ángel Gálvez. Actuará como moderador Carlos Herrero, vocal del consejo directivo de Colegios de Economistas y Asesores Fiscales.

En la rueda de prensa, el director de la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria ha apostado por combatir de forma “eficiente” una práctica “ilícita e ilegal”. Con este fin, ha dicho, se pondrá en marcha un plan específico y especial, que partirá del borrador que elaborará este organismo antes del verano y al que se sumarán aportaciones del resto de administraciones implicadas -como el Gobierno regional- y de los agentes económicos y sociales, con los que se mantendrán reuniones individuales y colectivas.

Preguntado por posibles nuevas sanciones, Pérez Eslava ha indicado que “con que se apliquen” las que ya existen “es suficiente”. De todas formas, ha indicado que las mismas serían “la última medida”, mientras que la primera pasa por concienciar a la gente de la necesidad e importancia de cumplir las obligaciones tributarias.

Entre las medidas que incluirá el documento figurarán el incremento de las plantillas -la actual está compuesta por un centenar de personas en la región y el aumento dependerá de las disponibilidades presupuestarias- y más medios materiales y tecnológicos para combatir el fraude fiscal, así como potenciar la formación de los empleados públicos. El fin es disponer de “todos los medios” necesarios para prevenir esta “lacra” y, como “último recurso”, aplicar medidas y sanciones que sean necesarias.

De momento, no se ha hecho ninguna estimación económica de lo que se prevé recaudar con este plan, cuyo cometido es que la gente “cumpla” con sus obligaciones tributarias para evitar que conductas fraudulentas generen desigualdades. En este sentido, Pérez Eslava ha señalado que el fraude fiscal genera una “distorsión muy importante” y afecta “seriamente”, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, a los servicios públicos, a las prestaciones sociales, o a los análisis económicos.

A propósito de preguntas sobre los 'Papeles de Panamá', el director de la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria ha indicado que es “difícil” definir si los mismos constituyen evasión fiscal o fraude, por lo que ha abogado por que actúe la Justicia. Ahora bien, ha apostado por combatir tanto la “gran evasión” como el “pequeño fraude”. Además, Pérez Eslava ha admitido la posibilidad de que haya que hacer “correcciones” en la actual normativa tributaria.

Construcción y turismo

Por su parte, el profesor de la UC David Cantarero se ha referido a un estudio elaborado en base a múltiples factores y según el cual la economía sumergida de la región alcanzó en 2014 los 2.657 millones de euros, el 22,4% del PIB, porcentaje “muy alejado” del 18% de la media de la unión Europea, aunque por debajo del 30% que se ronda en las comunidades autónomas del sur de España. Y aunque el montante de Cantabria no es de los más elevados de las comunidades autónomas, la cifra es superior al presupuesto regional para este año y un poco inferior a la de la deuda regional. De ahí que “cualquier medida” que se adopte para combatir el fraude “es positiva”.

A juicio de Cantarero, en la región la presión fiscal es “excesivamente elevada”, en especial en lo referente al IRPF, y ha apuntado a continuación la necesidad de “corregir” determinados aspectos en la materia. También cree que hay un “problema de anemia de ingresos”, ya que pese a los tipos impositivos “tan altos” no se logran recaudaciones que se consiguen en otros países.

De todas formas, y tras apuntar que las principales bolsas de fraude se han detectado en sectores como el de la construcción y el turismo, ha señalado que la economía sumergida se ha “reducido” en Cantabria “un poquito”, -un 2% en 2014- extremo que ha achacado a la recuperación económica.

“Palo-zanahoria”

En clave nacional, el profesor de la UC ha indicado que España es uno de los países europeos con mayor economía sumergida -en especial si se compara con los del norte del continente- y el tercero de la Unión con menos recaudación en relación a su capacidad fiscal, y ha detallado que la plantilla de asesores fiscales per cápita es la mitad que en Francia y un tercio que la de Alemania.

Con todo ello, ha incidido en que no es tan importante las sanciones, sino la “certidumbre” de que hay un “control” frente al fraude para detectarlo. “Es mucho mejor medidas del palo-zanahoria”, ha defendido este experto, para apuntar que pese a las penas establecidas, se sigue cometiendo el fraude. También ha manifestado que hay que ser “realistas” pues no se va a “acabar” con la economía sumergida de un año para otro.

“Hay que atajarlo”

El presidente de la Cámara de Comercio ha opinado que la economía sumergida es “un parche” que “no arregla las cosas”, aunque hay que solucionar el problema, que supone “un agravio” para las economías que “cumplen sus obligaciones”. Desde el Colegio de Economistas advierten que si la recaudación de impuestos es “injusta”, ésta genera un aumento de la “desigualdad y la pobreza”. Y en la CEOE apuestan por actuar en materias como la presión fiscal, cargas administrativas, crisis económicas y corrupción.

Preguntado por el plan antifraude, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria, Juan José Sota, ha señalado que el Gobierno apuesta por incidir en normativas que hagan “más difícil defraudar” en la región, como los tributos que se recaudan (impuesto de transmisiones, de sucesiones o tasas). Ha admitido que Cantabria tiene “un problema”, pero como el que padece España de forma “generalizada”, que “hay que atajarlo”, ha dicho.