Cerca de 68.000 personas viven en situación de exclusión social en Cantabria

Cerca de 68.000 personas están en Cantabria en exclusión social, lo que supone casi el 12 por ciento de la población (11,8%), cifra que indica que hay “menos” exclusión que en el resto de comunidades autónomas, -la segunda más baja tras La Rioja-, aunque es “más grave” que en el conjunto del país.

Es la principal conclusión que se extrae del 'Informe sobre exclusión y desarrollo social en Cantabria', según el cual unas 35.000 personas -el 4,3% de la sociedad cántabra- están en la exclusión “más extrema” ya que sobre ellas “se ceba” la desigualdad y las distintas formas de precariedad (laboral, vivienda, etc).

“Cantabria presenta un enquistamiento de la exclusión más severa, produciéndose un proceso de acumulación de dificultades en la parte más débil de la sociedad”, ha alertado Guillermo Fernández Maíllo, miembro del comité técnico de la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada), que ha elaborado el informe.

Ha sido presentado este jueves en Santander, en una rueda de prensa en la que también ha intervenido el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge, presidente además de Cáritas y la directora de esta entidad, Sonsoles López.

El estudio, realizado sobre personas con hogar por más de 500 expertos, entre encuestadores e investigadores, analiza también la desigualdad, no solo en términos económicos o de renta, sino teniendo también en cuenta otros factores -vivienda, educación, salud, etc-.

“La más desigual”

En términos generales concluye que Cantabria es la comunidad “más desigual de España”, a pesar de ser una de las pocas autonomías donde se ha reducido la “distancia” entre pobres y ricos y entre clases sociales.

Esto significa, según Fernández Maíllo, que la población en exclusión social tiende a estar “cada vez más alejada” del conjunto de la población de la región y que los niveles de acumulación de dificultad en los hogares son igualmente “cada vez mayores”.

Teniendo en cuenta esto, y de cara al futuro, el documento avisa de que unas 80.000 personas en Cantabria que aún estando en el espacio de la integración se encuentran en una situación de “inseguridad” debido -ha explicado Fernández Maíllo- a que su “colchón de resistencia es débil”.

Así, si se produce la desaceleración económica a la que apuntan los expertos, este grupo de ciudadanos -que representan el 13,7% de la población cántabra, mayor que el porcentaje de España- serán “los primeros” en incorporarse al espacio de exclusión.

En este sentido, ha aludido al proceso de acumulación de “grandes dificultades” en los hogares más excluidos, de modo que unas 9.000 personas suman tal cantidad que se denomina “sociedad expulsada”.

Riesgos sociales

En cuanto a los principales riesgos sociales, la Fundación Foessa los estructura en tres bloques: la vivienda, el empleo y el propio riesgo social. El primero de ellos es el de la vivienda entendida como generador de dificultades en la sociedad, y es algo que afecta a uno de cada cinco cántabros (el 20,6%).

En este ámbito, destaca que 38.000 personas residen en hogares en condiciones de “insalubridad”, mientras que una cifra algo inferior (36.000) tienen que afrontar gastos excesivos, hasta el punto de que presentan deudas de suministros, pagos de alquiler o de hipoteca, o una vez pagados quedan bajo el umbral de la pobreza severa, en la que está el 3,1% de la población cántabra.

A esto se suma que en unos 6.000 hogares se vive en condiciones de hacinamiento, ha agregado Fernández Maíllo, que también se ha referido a dos situaciones de exclusión residencial: la vivienda insegura e inadecuada.

La vivienda insegura es aquella en la que se reside sin contrato de alquiler, con notificación de desahucio, etc y en la que se encontrarían 7.800 hogares (3,3%) y 22.000 personas, mientras que la vivienda inadecuada es la que no reúne las oportunas condiciones de habitabilidad, con hacinamiento, sin acceso a suministros, en la que estarían 13.300 hogares (5,5%) y 45.000 personas.

En cuanto al empleo como factor de integración es algo que afecta a casi el 20% de los cántabros, debido a la desigualdad en el mercado laboral, que lleva a considerar el empleo como un “privilegio y no como un ”derecho“.

Destaca que el 8,3% de las personas que trabajan en Cantabria están en exclusión social. De hecho, uno de cada tres sustentadores principales que están en el espacio de la exclusión tienen un empleo, lo que evidencia que “exclusión social y trabajo son cada vez más compatibles”.

Así, tres de cada diez personas que están en Cantabria tanto en situación de integración como de exclusión tienen que combinar el salario con ayudas de protección social. Además, el 40% tacha de “poco o nada satisfactorio” el funcionamiento de los servicios públicos de empleo.

En cuanto al tercer bloque, el del riesgo social, es el de exclusión social “más severa”, personas y hogares que presentan una mayor incidencia de la misma y en casi todas las dimensiones.

“En Cantabria hay menos exclusión, pero es más grave”, concluye el informe, después de pone de manifiesto que es un 22% superior a España en problemas relacionados con la exclusión del empleo, un 10% en el ámbito del consumo, un 34% en el campo de la política, un 139% en la educación, un 20% en la vivienda y un 13% en el aislamiento social.

Sobre los perfiles sociodemográficos de los hogares y los sustentadores principales en exclusión social, el documento concluye que de estos últimos hay más hombres, en su mayor parte de entre 45 y 64 años, y que en el 30% de los casos trabajan, aunque esto no sea garantía de “poder participar o poder sobrevivir”.

Además, por nacionalidad y lugar de residencia, nueve de cada diez personas que sustentan hogares cántabros en exclusión son de España y el 30% de los excluidos se ubicarían en Santander y el 23% en núcleos de entre 5.000 y 20.000 habitantes.

Así las cosas, el mayor riesgo de exclusión es más elevado entre los hogares sustentados por personas de entre 30 y 44 años, mujeres, inmigrantes, extracomunitarios y parados, así como en aquellos hogares con familias de cinco o más personas y monoparentales.

“En Cantabria, si es de nacionalidad extranjera, la probabilidad de estar en el espacio de la exclusión es mayor”, ha señalado Fernández Maíllo, que también ha indicado para finalizar que le gasto en políticas sociales de Cantabria es “más alto” que la media del país, aunque se ha quejado de que no existen “visiones integrales” en los programas sociales.