El borrador de la Ley del Suelo recibe el visto bueno e iniciará su tramitación urbanística la próxima semana

El borrador de la nueva Ley del Suelo de Cantabria ha recibido este miércoles el “visto bueno” y el jueves de la próxima semana se trasladará a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) y al Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo COTU).

Así lo ha anunciado este miércoles en el Parlamento el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, durante su comparecencia en la comisión del área en la que ha dado cuenta del Plan de Derribos aprobado por el Gobierno.

Con su paso por la CROTU y el COTU, empezará el proceso de consulta pública y presentación de alegaciones al anteproyecto de la futura norma -la actual data de 2001-, y la idea es que llegue “lo antes posible” a la Cámara para su tramitación, en el próximo periodo de sesiones, que comienza a partir de septiembre.

El objetivo es recabar el máximo consenso posible a través de la “interlocución directa” con los diferentes grupos con representación en el Legislativo (PRC y PSOE, que sustentan al Ejecutivo, y PP, Cs y Vox, en la oposición). Para ello, Gochicoa se ha comprometido a entablar reuniones con esta formaciones la próxima semana, el martes o miércoles, ya que el lunes hay Pleno y el jueves el texto se presenta en la CROTU y el COTU.

El objetivo es recoger posibles sugerencias en un momento “inicial” y que el consenso, que el consejero ve “posible”, sea así “más factible” de conseguir.

Según ha avanzado, en el borrador se han introducido aspectos “novedosos” desde el punto de vista de la tramitación, no de fondo, para agilizar la tramitación norma. Y aunque la idea es abordarla en el próximo periodo de sesiones, se promoverá antes la participación en busca de ese consenso, con los grupos parlamentarios y después con entidades sociales interesadas.

El responsable de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha avanzado que no se pretende un “cambio radical” respecto a la ley de 2001, es decir, de hace casi dos décadas, y que a su juicio ha funcionado “relativamente bien”.