Cantabria asegura una vuelta a las aulas con “máxima presencialidad” y pide al Estado un reparto de fondos “justo”

La Consejería de Educación de Cantabria trabaja en una vuelta a las aulas en septiembre con una previa adecuación de los centros educativos que permita conjugar la “máxima presencialidad” con el mantenimiento de “medidas de seguridad” frente a la COVID-19, al tiempo que ha pedido un reparto de fondos “justo” en la Conferencia Sectorial de Educación que se ha celebrado este jueves presidida por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa.

Así lo ha explicado la consejera, Marina Lombó, quien ha explicado que en Cantabria se tratará de volver a la actividad presencial mientras se mantiene una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros en los niveles que establezcan las autoridades sanitarias, así como otras medidas de seguridad y protocolos higiénico-sanitarios, frente a otras voces, como la Comunidad de Madrid, que abogan por regresar a las aulas “con normalidad”.

“Es verdad que el desafío es enorme, que las dificultades son muchas y que conllevará el trabajo intenso de mucha gente durante los próximos meses y necesitaremos muchos recursos, pero no considero ni adecuado ni responsable plantear ahora mismo una vuelta a las aulas para septiembre, cuando aún no tendremos vacuna, como si nada estuviera pasando, porque el virus sigue aquí”, ha argumentado Lombó.

Por eso, la titular de Educación ha asegurado que la Comunidad Autónoma seguirá el protocolo definitivo de prevención e higiene para centros educativos cuyo borrador conocido este miércoles ha sido elaborado por los ministerios de Educación y Sanidad.

El documento establece, entre otras cuestiones, grupos de convivencia estable con un máximo de 20 alumnos en Educación Infantil y hasta cuarto de Primaria, y la salvaguarda de una distancia física de 1,5 metros para los niveles superiores.

Lombó ha avanzado que el documento se analizará “en detalle” para presentar al Ministerio las propuestas que se consideren oportunas, y ha asegurado que “Cantabria, como ha hecho hasta ahora, cumplirá las directrices de las autoridades sanitarias”.

“Me parece absolutamente inimaginable un escenario de vuelta a las aulas que no sea siguiendo el criterio que marquen las autoridades sanitarias”, ha dicho Lombó, para quien es imprescindible garantizar el cumplimiento estricto de las medidas que establezcan “por una cuestión sanitaria y también de confianza de la comunidad educativa”.

En su opinión, los objetivos “irrenunciables” para el próximo curso son dos, que los alumnos vuelvan a las aulas y que lo hagan con las debidas medidas de seguridad.

Fondo de 2.000 millones

Para poder poner en marcha todas las medidas que requiere un “curso excepcional” como será el próximo, Lombó ha reclamado “fondos suficientes”.

La consejera ha considerado que, aunque “insuficiente”, es una “buena noticia” el anuncio de un fondo específico para Educación de 2.000 millones euros, pero ha reclamado que se dé a conocer “cuanto antes” el criterio de reparto. Y ha advertido que, si no se tiene en cuenta el coste efectivo de los servicios, será una distribución “injusta que no permitirá cubrir las necesidades de la comunidad educativa cántabra”.

Según ha explicado, si el Gobierno de España plantea un reparto en base a un criterio exclusivamente poblacional, Cantabria saldría “muy, muy perjudicada”, porque “el peso del coste educativo de Cantabria en el total nacional es muy superior a nuestro peso por población”.

“Las particularidades hacen que, en comparación, en Cantabria tengamos muchos más centros educativos que otras comunidades, muchos más docentes por alumno y un gasto en transporte muy superior”, ha recordado la consejera.

En este sentido ha explicado que los cántabros son el 1,1 por ciento de los españoles, pero su gasto en transporte escolar supone el 3,4 por ciento del realizado en toda España. “Si no se tiene eso en cuenta, la aportación será no sólo insuficiente sino totalmente injusta”, ha enfatizado.

Cooperación territorial

Junto al protocolo para la vuelta a las aulas, otro de los puntos ampliamente debatido ha sido el documento de 'Acuerdos para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021', una “declaración de intenciones”, según Lombó, que va en la línea de los objetivos en los que se ha ido trabajando estos últimos meses.

El acuerdo, aprobado por mayoría pero no por unanimidad, establece en catorce puntos algunos compromisos para el próximo curso como el objetivo de una docencia presencial como norma general, el seguimiento de las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias y el mantenimiento de los servicios complementarios de comedor y transporte.

Igualmente, las comunidades autónomas que han suscrito el acuerdo se comprometen a realizar actuaciones para reforzar la competencia digital y a la elaboración de planes de contingencia.

El documento incluye como novedad la puesta en marcha de programas de cooperación territorial orientados a dar respuesta a la nueva situación.

En concreto, establece textualmente que “en el curso 2020-2021 se pondrán en marcha programas de cooperación territorial cofinanciados y orientados especialmente en dos direcciones: la recuperación de los grupos estudiantiles que más han sufrido las dificultades vividas y el refuerzo de los centros afectados por las mismas y la dotación de equipamiento tecnológico que permite mantener el vínculo educativo y formativo en las nuevas circunstancias”.

Ambas iniciativas implicarán la aportación de fondos, tanto de la Comunidad Autónoma como del Gobierno de España, que no están incluidos en los 2.000 millones de euros del fondo educativo.