La comisión judicial reconoce la “vulnerabilidad” de una familia santanderina que iba a ser desahuciada y lo pospone “al menos tres meses”

El tiempo jugaba en su contra y lo sabían, pero finalmente Jonatan, Karen y sus dos hijos podrán seguir viviendo en su hogar durante “al menos” tres meses más. Así lo ha determinado la comisión judicial encargada del desahucio que se iba a producir en la calle Cardenal Herrera Oria, de Santander, este jueves a primera hora de la mañana, y así ha contradicho al Juzgado que dictó que, a pesar del estado de alarma, esta familia no tenía una situación de vulnerabilidad que les permitiese adherirse al Decreto-Ley 37/2020 de medidas urgentes que prohíbe los lanzamientos.

Tras varios días de inquietud, la jornada comenzaba a las 8.00 horas, momento en el que estaba previsto el desahucio, con el apoyo “total” de la ciudadanía: “Había unas 60 personas entre miembros de nuestro colectivo, de la Plataforma Antidesahucios (PAH), amigos, familiares, vecinos...”, relata la portavoz de la plataforma STOP-Desahucios, Eva Lastra, a elDiario.es.

La sorpresa llegó cuando, al llegar la comisión judicial, se dieron cuenta de que no venían acompañados de la Policía, tal y como suele ocurrir en estas ocasiones. “Tenían claro que no iba a haber lanzamiento, llegaron firmando la paralización directamente y a las 09.15 estaba suspendido”, explica Lastra. Por lo que, durante los próximos tres meses esta familia podrá permanecer “tranquila”· debido a la ley que ampara a las personas vulnerables durante el estado de alarma para que no puedan ser expulsadas de sus casas. Algo que, cabe recordar, fue cuestionado desde el Juzgado por alegar que los afectados podían hacer frente a los pagos “de luz, agua y alquiler” con el Ingreso Mínimo Vital de 650 euros.

Esta pareja, que ha sufrido el desempleo en primera mano, se trasladó en 2018 a una vivienda abandonada “en estado deplorable y usada por las palomas como habitáculo”, en la calle Cardenal Herrera Oria de Santander. En ese momento, el piso era propiedad de Liberbank, aunque después de que la familia se encargase de arreglarla y hacerla “habitable”, el fondo inmobiliario 'Pirámides Real Estate S.L', con sede en Madrid y cuyo objeto social es la compraventa de inmuebles, se hizo con ella.

Desde entonces, los moradores han tratado de llegar a un acuerdo con la empresa para pagar un alquiler, aunque sin éxito. Hace unos días, el 'fondo buitre' inició un procedimiento judicial de desahucio en precario contra la familia que se acaba de saldar con la decisión de la comisión judicial de paralizarlo debido a la situación de vulnerabilidad de Karen, Jonatan y sus dos hijos.