La Ley de Ciencia e Investigación de Cantabria sale a consulta pública

Investigadores en un laboratorio.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado la resolución de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte por la que se somete a consulta pública previa la redacción del anteproyecto de la Ley de Ciencia, Investigación y Transferencia del Conocimiento.

En un comunicado, el vicepresidente y consejero de Universidades, Pablo Zuloaga, ha destacado el papel de esta ley como "elemento fundamental para impulsar el cambio real de modelo productivo hacia una economía del conocimiento que permita avanzar en I+D+i".

Tras la publicación en el BOC, Zuloaga ha puesto en valor la función de esta norma como herramienta pública legal y financiera a disposición de los investigadores. También ha expresado el compromiso de su departamento con la ciencia, la investigación y la transferencia de conocimiento, señalando que la partida para financiar este tipo de proyectos ha crecido de 200.000 euros en 2020, hasta los 500.000 euros durante el presente ejercicio. "Incrementar la inversión pública en I+D+i y recuperar el terreno perdido en la última década es el reto de mayor envergadura a medio y largo plazo para Cantabria", ha asegurado.

Además de aprovechar al máximo las capacidades del sistema investigador de Cantabria a través de políticas consensuadas que sitúen y consoliden la ciencia como eje fundamental del desarrollo económico, Zuloaga se ha referido a la necesidad de "asegurar el relevo generacional, la retención y atracción de talento, y la garantía del principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres".

Sobre la Ley de Ciencia, Investigación y Transferencia del Conocimiento de Cantabria, la primera de la comunidad autónoma en materia científica, ha explicado que trata de resolver varios de los retos que los agentes de del Sistema de Investigación y Transferencia del Conocimiento de Cantabria han detectado.

Entre ellos ha citado la falta de cohesión del propio sistema, las carencias en los programas de financiación y su continuidad/estabilidad en el tiempo, la falta de conexión con el tejido empresarial, la mejora de las condiciones laborales del personal investigador, la eliminación de trabas burocráticas, y la mejora del impacto del valor de la ciencia en la sociedad.

Como objetivos fundamentales de la ley para resolver esta situación ha incluido el establecimiento de un marco normativo referente a la financiación pública de la innovación y transferencia, así como para la gestión de los recursos humanos relacionados con la figura del investigador público de carácter regional que permita la retención del talento y su captación, siguiendo el modelo tenure-track. Este modelo consiste en un contrato temporal de cinco años con una evaluación final que, de ser superada, garantiza la estabilización del investigador.

Dentro de los objetivos también ha comentado la creación de un órgano administrativo de gestión asociado, con carácter público, cuyo cometido principal sea gestionar los recursos financieros y humanos disponibles de forma eficaz y transparente, con un modelo de rendición de cuentas.

Con el fin de enriquecer y propiciar la participación de diferentes sectores en el texto de esta ley, la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte celebró el pasado año el Proyecto Conciencia que contó con la participación de investigadores, agentes sociales y el ámbito científico, y cuyas conclusiones se incluirán en esta norma.

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Publicado el
9 de febrero de 2021 - 11:57 h

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