El exalcalde de Astillero Carlos Cortina será juzgado del 17 al 19 de marzo

El exalcalde de El Astillero Carlos Cortina (PP) será juzgado el próximo mes de marzo por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de una trabajadora municipal, que también está acusada. El juicio se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, entre los días 17 al 19, han informado fuentes judiciales.

El exregidor 'popular' se enfrenta 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público que pide el fiscal, que también le solicita que indemnice al Ayuntamiento con 98.749 euros a aportar, igualmente, junto a la empleada implicada, para la que interesa --por tráfico de influencias-- un año de cárcel y multa de 160.000 euros.

Están acusados por la contratación de la hermana de la empleada municipal, a la que el Ayuntamiento abonó “38 facturas” por un importe cercano a los 100.000 euros en tres años, y que también está imputada en la causa. Por su parte, el Consistorio pide igualmente diez años de inhabilitación para el exalcalde y un año prisión y multa de 180.000 euros para la implicada.

Inicialmente, el juicio está previsto que se desarrolle en tres sesiones, comenzando el 17 de marzo a las 10.00 horas con la primera, en la que declararán Cortina y la funcionaria acusada y los testigos de las acusaciones. Al día siguiente lo harán los testigos de las defensas y en la última jornada será el turno de los informes.

Denuncia de un funcionario

El que fuera regidor 'popular' durante nueve años -2006 a 2015- se sentará en el banquillo de los acusados por esta causa, que surgió de la denuncia de un funcionario, a la que luego se sumaron PSOE e Izquierda Unida como acusación, por irregularidades en la contratación de la citada persona, “cercana al PP”, y que según los denunciantes se habría llevado a cabo en contra del criterio del interventor y del secretario municipal y durante un largo periodo de tiempo, además.

La AP rechazó los recursos de apelación de ambos imputados y confirmó la imputación del Juzgado de Instrucción número tres de Santander, al considerar que se “ratifican los indicios de delito”. Previamente, había mantenido la imputación acordada por el juez instructor al entender que “concurren indicios de una contratación arbitraria y contraria a la legalidad que exceden del ámbito de la mera irregularidad administrativa”.