IU propone elevar en un 40% los hogares con acceso a un alquiler social del parque público de Cantabria

Izquierda Unida ha propuesto al Gobierno de Cantabria aumentar la red de protección para las familias elevando en un 40 por ciento los hogares que tendrían acceso al alquiler social del Parque Público de Vivienda.

Durante el período de consultas del decreto que regula las viviendas en alquiler, el partido ha presentado sus mejoras para “atajar la situación actual y adelantarnos a escenarios más comprometidos”, en un contexto de alza en la cesta de la compra y de “imposibilidad de emancipación para jóvenes y familias por los elevados alquileres”.

En su escrito dirigido a la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, IU ha trasladado varias aportaciones al articulado con el fin de “garantizar el derecho a la vivienda y que la futura Ley Autonómica, si es que llegamos a verla en esta legislatura, sea coherente con toda la normativa, incluido este decreto”.

El coordinador general de IU y candidato al Parlamento de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha señalado en un comunicado que la futura norma, “de ver la luz”, recogerá las aportaciones que su formación hizo, como la definición de que las viviendas desocupadas sean aquellas pertenecientes a un gran tenedor que lleven más de seis meses sin ocupación de forma justificada, la obligación a los promotores con financiación pública a ofrecer a los consumidores la sumisión al sistema arbitral de consumo la inclusión del alquiler forzoso, la regeneración urbana o el alquiler forzoso de viviendas declaradas deshabitadas desde hace más de un año en zonas tensionadas.

“Somos el único partido que ha hecho aportaciones al texto por ahora; esperemos que la tramitación en el Parlamento traiga mejoras y no cesiones por parte del gobierno PSOE- PRC; la gente no puede permitirse otra legislatura sin norma propia ni medidas reales”, ha opinado.

Entre las enmiendas de IU al Decreto destaca el aumento en el alcance de potenciales familias con derecho a alquiler social del Parque Público de viviendas.

Ruiz Salmón explica que el actual borrador contempla como requisito para acceder a un alquiler social “las unidades de convivencia -esto es, las familias o convivientes dentro de una misma vivienda- deberán acreditar unos ingresos anuales no superiores a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en catorce pagas, incrementado en un 10% por cada miembro adicional de la unidad de convivencia hasta un límite de tres veces el IPREM anual”.

Sin embargo, IU plantea elevar el límite general máximo para beneficiarios a 2,5 veces el IPREM para un ocupante, y 3,5 veces máximo para la unidad familiar que ocupe la vivienda.

Con este cambio, estiman que la cobertura pasaría de en torno al 40% -propuesta del Gobierno- al 55% -planteamiento de IU- de las familias cántabras, esto es, de unos 96.000 hogares a 134.000, un 40% más.

“Debemos ser realistas con el escenario actual y los futuros para que la normativa efectivamente responda al interés general y, especialmente, a las rentas más bajas y sectores más vulnerables”, ha añadido.

Además, IU sugiere la inclusión en el inventario de viviendas del Parque Público aquellas “cuyo usufructo se haya obtenido a través de alguno de los procedimientos ejercidos por la administración en cumplimiento de la función social de la propiedad previstos en la Ley de derecho a la vivienda”.

De esta forma, se sumarían a los supuestos ya contemplados en el proyecto de Decreto: las viviendas cuya titularidad sea de la Consejería competente en materia de vivienda que se destinen a arrendamiento; las que hayan sido adquiridas con fondos públicos; las que hayan sido cedidas temporalmente por personas físicas, o jurídicas de ámbito privado; y las que hayan sido cedidas temporalmente por otras Consejerías o Administraciones públicas.

IU también insta al Gobierno a incluir la Oficina de rehabilitación en la redacción general del Decreto, dado que sus funciones son indispensables, entre otras razones, para la desincorporación de viviendas del inventario por “aparición de forma sobrevenida de defectos ocultos, eventos fortuitos o fuerza mayor que impidan que la vivienda sea utilizada para el fin previsto”.

Finalmente, buscan que el articulado del Decreto desarrolle la creación del Consejo Autonómico de la Vivienda.