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Saura adelanta a Mazón que el Estado no licitará ninguna obra nueva hasta octubre

José María Mazón (PRC) en una imagen de archivo en el Congreso de los Diputados.

elDiario.es Cantabria

Madrid —

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El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, ha adelantado al diputado regionalista por Cantabria en el Congreso, José María Mazón, que el Estado no tiene intención de licitar ninguna infraestructura nueva hasta octubre con objeto de analizar cómo se estabiliza la economía y los presupuestos una vez concluida la desescalada por la COVID-19.

Lo que sí hará el Ministerio de Fomento es firmar en el plazo de una semana en contrato para realizar el estudio del tren a Bilbao y, en este mes, sacar a información pública el tramo de alta velocidad Alar del Rey-Reinosa.

Saura se ha comprometido este jueves con el diputado nacional del PRC, José María Mazón, a firmar en el plazo máximo de una semana el contrato del estudio informativo del tren Santander-Bilbao y someterá a información pública el del tramo Alar del Rey-Reinosa del tren de alta velocidad a Madrid antes de que finalice julio, ha informado Europa Press.

Así lo ha dado a conocer el propio Mazón al término de la reunión que ha mantenido a primera hora de la tarde en Madrid con Saura, quien ha aplazado hasta octubre la confirmación de los plazos para licitar y adjudicar las obras que ya cuentan con proyecto, como los cinco tramos de la conexión Palencia-Alar y el Desfiladero de La Hermida.

El diputado regionalista ha acogido “con reserva y cautela” la demora confirmada por el secretario de Estado, motivada por la pandemia de coronavirus y el “incierto escenario económico” que afronta en este momento el Gobierno de España, como consecuencia de las medidas excepcionales adoptadas para hacerle frente.

“Es cierto que estamos ante una crisis totalmente inesperada y que está requiriendo esfuerzos económicos imprevistos, pero el PRC va a ser muy riguroso en la exigencia de los compromisos firmados, porque las obras pendientes en Cantabria acumulan ya demasiados retrasos”, ha advertido.

Por ello, ha adelantado que los próximos Presupuestos Generales del Estado serán “absolutamente claves” para valorar el cumplimiento de los acuerdos firmados, que forman parte del pacto de gobierno suscrito con el Partido Socialista en Cantabria.

Mazón ha destacado que, en la situación que vive en este momento el país, el PRC “puede entender” la situación adelantada hoy por Saura, quien le ha confirmado que el Gobierno no licitará, ni adjudicará ninguna obra antes del mes de octubre, porque no será hasta entonces cuando tenga “una idea clara” del impacto económico de la pandemia y el destino de los fondos que aportará a España la Unión Europea.

“Podemos entender que la planificación se retrase unos meses y que se produzca alguna demora sobre el calendario previsto, pero no aceptaremos que Cantabria vuelva a ser la pagana, ni que los compromisos que llevamos tanto tiempo reivindicando queden aplazados sine die, como ya ha ocurrido varias veces en el pasado”, ha recalcado.

Asimismo y aunque “la incertidumbre no es una buena señal”, el diputado nacional ha agregado que el PRC “es y siempre ha sido un partido razonable”, por lo que espera que los próximos presupuestos “sean acordes a los acuerdos firmados y den el impulso definitivo a las infraestructuras pendientes en la Comunidad Autónoma”.

“Ni los regionalistas, ni la ciudadanía de Cantabria entenderíamos otra cosa”, ha precisado.

Finalmente ha señalado que no quiere “ni pensar” en nuevos incumplimientos, después del “varapalo” que ya ha supuesto para la región el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a abonar a Cantabria los 22 millones de euros de la financiación de Valdecilla y el reparto “absolutamente injusto para los intereses de los cántabros” del fondo no reembolsable de 16.000 millones aprobado para hacer frente a la pandemia.

Esto, ha recordado, se suman al impago de una mensualidad de IVA por importe de 45 millones y la negativa a autorizar a los ayuntamientos a disponer de los 450 millones de remanentes que el Estado mantiene inmovilizados en cuentas bancarias.

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