Paralizado por segunda vez el desahucio de una familia santanderina a la que no se considera vulnerable pese a percibir el IMV como único sustento

El 8 de abril la familia formada por Karen, Jonatan y sus dos hijos de 2 años y 9 meses se enfrentó a su primer intento de desahucio. Pese al nerviosismo de los días previos, finalmente, y junto al apoyo de la plataforma STOP-Desahucios, consiguieron paralizar el lanzamiento durante “al menos tres meses” debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la familia, algo que según la legislación vigente no permite desahuciar durante el estado de alarma.

Sin embargo, una semana y media después, Jonatan y Karen, que únicamente se mantienen gracias al Ingreso Mínimo Vital (IMV), volvieron a recibir una notificación judicial en la que se les indicaba que este lunes debían abandonar su hogar. “Estaban tan cansados que nos dijeron que se iban, que ni iban a intentar pararlo, pero dos días más tarde se dieron cuenta de que no tenían a dónde irse, así que nos pidieron ayuda”, señala Eva Lastra, portavoz de STOP-Desahucios a elDiario.es.

Tal y como esperaban, este segundo intento de lanzamiento ha sido más duro que el anterior ya que en este caso la comisión judicial advirtió de que “iban a actuar”, y además fueron a la vivienda de la calle Cardenal Herrera Oria de Santander acompañados de dos patrullas de la Policía Nacional. Finalmente, según relata Lastra, la presión social -unas 50 personas acudieron al hogar-, y la labor del abogado de la familia junto a dos miembros de la plataforma consiguieron convencer a la comisión judicial “aunque sea de forma momentánea”.

Ahora, el objetivo de la familia es conseguir una vivienda ya que no disponen de alternativa: “La directora general de Vivienda, Eugenia Gómez de Diego, aseguró hace unos días en declaraciones a la prensa que ya les estaban buscando una vivienda, así que a ver si se la dan rápido porque esta situación puede volver a repetirse. De hecho, la nueva orden de desahucio podría llegar mañana mismo”, asevera la portavoz del colectivo.

Cabe recordar que esta familia se instaló en una vivienda vacía propiedad de Liberbank que posteriormente pasó a pertenecer a un fondo buitre, lo que según Lastra, es lo que ha agilizado este nuevo intento de lanzamiento. No obstante, y tal y como recuerda la portavoz, los desahucios a personas vulnerables están prohibidos en todo el país debido al estado de alarma, “aunque este Juzgado se niega a reconocerles como tal” a pesar de percibir como único sustento el IMV “y tener a dos menores a su cargo”.

“Hasta que no les den un lugar al que ir vamos a paralizar tres, cuatro, cinco veces o las que hagan falta. Esos niños no se van a quedar en la calle”, concluye la representante de la plataforma STOP-Desahucios.