El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley que insta al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) a tomar una serie de medidas orientadas a reforzar el control de las viviendas de uso turístico (VUT), como crear un mapa de riesgo por municipios o exigir a las plataformas que verifiquen y publiquen el número de licencia autonómica de los alojamientos que ofertan. La iniciativa partía del PRC y ha salido adelante con enmiendas de modificación del PP y Vox.
Tras los cambios, recoge peticiones al Gobierno autonómico como actualizar y reforzar el registro de empresas turísticas incluyendo coordinación de intercambio de datos con el Registro Único estatal y con los registros municipales para facilitar la identificación de alojamientos que operan sin licencia; o dotar de recursos humanos y tecnológicos a la Consejería competente y a los ayuntamientos para realizar inspecciones periódicas y comprobaciones en el plazo de seis meses -este es el único punto que no se ha modificado-.
También reclama la creación de un 'Mapa de riesgo VUT' por municipio en un plazo máximo de ocho meses, en el que se utilice un índice con la densidad de VUT por cada 1.000 viviendas, variación interanual de la oferta, porcentaje de vivienda vacía y evolución del precio del alquiler.
Igualmente, apuesta por hacer obligatorio que las plataformas verifiquen y muestren en los anuncios el número de inscripción/licencia autonómica como condición para publicar las VUT que se encuentren en Cantabria, e impulsar mecanismos legales para la retirada inmediata de anuncios sin licencia. Finalmente, solicita un plan para incorporar viviendas al mercado de alquiler residencial permanente mediante incentivos concretos a los propietarios.
En el debate de la iniciativa, el regionalista Javier López Marcano ha destacado que Cantabria es la comunidad con el porcentaje “más elevado de viviendas turísticas” y ha lamentado que ayuntamientos y asociaciones manifiestan que el decreto elaborado por el Gobierno autonómico para regular las VUT “provoca inseguridad jurídica” y “pasa la patata caliente” a los municipios.
En la misma línea se ha expresado el PSOE, que ha criticado que el decreto “no contenta a nadie, ni a unos ni a otros”, además de que “no es aplicable” porque traslada “la responsabilidad regulatoria a los 102 ayuntamientos”. “Realmente en la práctica serán 102 normativas distintas”, ha apuntado Mario Iglesias.
Los dos diputados han coincidido también en señalar que ahora el decreto permite que, además de las personas físicas, puedan ser titulares de las VUT las personas jurídicas, lo que para regionalistas y socialistas da pie a “la llegada de las grandes empresas, de los grandes fondos de inversión, que pueden transformar radicalmente las formas de vida, la convivencia y la paz social de nuestras ciudades”.
También desde Vox, Armando Blanco ha acusado al Gobierno de haber dado “una patada hacia adelante para quitarse el problema de encima” en lugar de “sentarse a hablar con los alcaldes” y “analizar profundamente las implicaciones de este tipo de viviendas”. A su juicio, la normativa tiene “dos deficiencias”: la “falta de un modelo” para toda la comunidad, y la “falta de seguridad jurídica”.
En respuesta a la oposición, el diputado del PP Alejandro Liz ha subrayado que las VUT solo representan “el 2%” del total de viviendas edificadas en Cantabria y ha sostenido que su partido quiere “ordenar y no prohibir”. “No somos socialistas”, ha apostillado.
Respecto a la titularidad por parte de personas jurídicas, ha explicado que “obedece a un dictamen del Consejo de Estado” y ha pedido que estén “tranquilos” porque, tras la entrada en vigor del decreto, solo tres de las 52 declaraciones responsables presentadas corresponden a este sector.