Piña asegura que “colaborará plenamente con la Justicia” tras admitirse la querella de los taxistas en su contra

El director general de Transportes del Gobierno de Cantabria y candidato del PRC a la Alcaldía en Santander, Felipe Piña, ha asegurado que “colaborará plenamente con la Justicia” en torno a la querella interpuesta contra él por la Federación Cántabra del Taxi, que le acusa de prevaricación administrativa.

Así lo ha dicho este jueves Piña a preguntas de la prensa después de conocerse el miércoles que el Juzgado de Instrucción número uno de Santander había admitido a trámite la querella, tras lo que el regionalista ha trasladado su “confianza y respeto absoluto” al proceso judicial que ha derivado de la denuncia.

“Vamos a colaborar plenamente con la Justicia, como no puede ser de otra manera, vamos a aportar toda la documentación que se nos solicite”, ha sentenciado en declaraciones a los medios tras una visita que ha realizado al PCTCAN.

La querella, presentada hace dos semanas, tiene como raíz una resolución dictada el pasado 21 de febrero por el regionalista en la que denegaba una autorización para la transmisión de una licencia de taxi de Cabezón de la Sal a uno de los asociados de la Federación por jubilación tras la jubilación del anterior titular.

En la sentencia, el querellante indica que en la resolución se justificaba la negativa afirmando que la autorización que se solicitaba no tiene encaje en ninguno de los supuestos que recoge la normativa, entre los que --decía-- no se incluye la jubilación.

La Federación del Taxi presentó la querella sosteniendo que la Dirección General de Transportes “carece de competencias para entrar a juzgar la viabilidad de la transmisión de la autorización” e insiste en que ésta corresponde al ente local, y por tanto “carece de funciones jurisdiccionales para establecer a su mejor criterio la legalidad o no de una norma”.

Además, argumentó que si Transportes entendiera que dicha ordenanza es contraria a la normativa estatal ha tenido “infinidad de momentos en los que hacer valer sus argumentos con anterioridad” al caso que ahora es objeto de la querella pero “nada se ha dicho cuestionando su ilegalidad”.