PP insta a grupos parlamentarios a aprobar la proposición de ley de realojos pese a “excusas” del Gobierno

En un comunicado, el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda y portavoz del equipo de Gobierno local, César Díaz, ha pedido a todos los grupos que “demuestren que, de verdad defienden a los vecinos, tanto a los cántabros como a los santanderinos”, y apoyen la propuesta del PP de modificar la actual Ley del Suelo y la de Vivienda Protegida de Cantabria para garantizar el derecho al realojo que se está debatiendo en el Parlamento regional.

Díaz ha señalado que esta proposición de ley está “abierta” a las mejoras que se puedan plantear a través del trámite de enmiendas.

El portavoz del equipo de Gobierno santanderino ha afirmado que “no puede demorarse más la solución” y ha instado a resolver ya la “inseguridad jurídica actual” que, a su juicio existe, y dar soluciones a los afectados “con criterios de justicia social”.

El concejal ha opinado que la intervención del consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, este martes en la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Parlamento regiona para exponer su postura acerca de la proposición de ley del PP “no hace más que confirmar que el Ejecutivo regional ha decidido ponerse de perfil y eludir toda responsabilidad” en un asunto que --dice-- es de “competencia autonómica”, por lo que el Gobierno “no puede mirar para otro lado”.

Díaz ha insistido en que la proposición de ley es “absolutamente necesaria” para regular el derecho de realojo en la comunidad y para resolver el problema de los afectados por desarrollos urbanísticos “con criterios de justicia social”.

Ha defendido que la propuesta garantiza “a todos” los afectados el derecho de realojo mediante la entrega de una vivienda de características similares a la anterior, en su mismo entorno, y lo hace además atendiendo a las situaciones personales y características de cada unidad familiar.

Asimismo, ha aclarado que la propuesta contempla, con carácter general, la entrega de una vivienda libre en las mismas condiciones económicas de las VPO, y prevé una garantía adicional para las familias con menos recursos, a las que se propone facilitar una vivienda protegida sin tener que abonar la diferencia.

Según ha precisado Díaz, “en ningún caso se quitan derechos a ningún afectado”. “En todos los casos queda protegido y garantizado su derecho de realojo en una vivienda similar a precios de VPO, de lo que se trata es de aplicar criterios de justicia social, velando por los afectados que puedan encontrarse en situaciones más vulnerables”, ha dicho.

EL DERECHO AL REALOJO, COMPETENCIA ESTATAL

En cuanto al derecho de retorno, el portavoz del equipo de Gobierno ha señalado que no se ha incluido en la proposición de ley porque “es una cuestión de materia civil, de competencia estatal”.

El concejal ha reiterado que la solución diseñada por los técnicos del Ayuntamiento santanderino y presentada por el grupo parlamentario popular en forma de proposición de ley es “la propuesta socialmente más avanzada y más garantista” de cuantas existen en España.

Además, ha señalado que la Dirección General de Urbanismo del Gobierno regional “reconoció” inicialmente la aportación que supone esta propuesta.

Díaz ha añadido también que la propuesta cuenta, además, con el respaldo del resto de grupos políticos del Ayuntamiento, incluidos --dice--, “los mismos partidos que sustentan el Gobierno regional y critican la iniciativa”.