Para el PRC, la nueva Ley de Memoria Democrática, que se ha aprobado definitivamente este miércoles en el Senado, “traslada un mensaje de enfrentamiento como consecuencia de los acuerdos alcanzados con partidos independentistas, como EH Bildu”.
Este es uno de los principales argumentos que ha esgrimido el partido encabezado por Miguel Ángel Revilla para votar en contra de esta norma, según ha trasladado a elDiario.es a preguntas sobre su posicionamiento. Y es que su senador autonómico, José Miguel Fernández Viadero, se sumó a los representantes de PP, Ciudadanos, Vox o Junts Per Catalunya en el rechazo a una ley que busca marcar un antes y un después en materia de memoria histórica en España.
Así, declara ilegal la dictadura franquista y las sentencias dictadas durante el régimen, y retira los títulos nobiliarios concedidos por Franco. Además, renombrará el Valle de los Caídos, responsabiliza al Estado de las exhumaciones de fosas y creará lugares de memoria democrática, entre otras medidas.
Asimismo, y aunque la ley extiende el periodo de persecución y violencia hasta la promulgación de la Constitución, en 1978, amplía hasta 1983 el periodo para estudiar los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por motivo de “su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los derechos democráticos”, lo que abriría la puerta al “reconocimiento y reparación” a las familias de los jóvenes del caso Almería, episodio negro de la Transición con vinculación cántabra, que tuvo lugar en 1981.
Y pese a que el Parlamento cántabro reconoció en 2018 a los tres asesinados como víctimas de terrorismo en un acto de homenaje a las familias en el que participó el PRC, la formación regionalista argumenta también para votar en contra de esta Ley de Memoria Democrática que “abarca más tiempo de lo que fue en realidad el periodo de la dictadura y la etapa de la Transición”. “Lo que ocurrió entonces ya no tiene arreglo, pero esto sí se puede y se debe hacer”, dijo Revilla en aquel homenaje, instando a los partidos nacionales representados en el Congreso a seguir los pasos de Cantabria.
Sin embargo, para el PRC esta norma “no respeta los principios de equidad expuestos en la Ley de Cantabria”. Y pese a votar en contra, los regionalistas defienden que “siempre han estado y estarán con las víctimas de la dictadura y a favor de que se conozca la realidad de lo que este periodo de la Historia de España supuso para los españoles, especialmente, para aquellos que se vieron privados de libertad por sus creencias, ideologías u orientación sexual y para aquellas familias que aún no conocen el paradero de sus seres queridos”.
“Fruto de este compromiso, los regionalistas aprobaron en 2021 en el Parlamento de Cantabria la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria que intenta conseguir ese objetivo desde el consenso, el diálogo y el acuerdo”, ha concluido el PRC.
Los regionalistas gobiernan en Cantabria en coalición con el PSOE. Cuestionado esta semana por el voto negativo de su socio a esta norma estatal, el vicepresidente autonómico, Pablo Zuloaga (PSOE), no entró a valorar la postura del PRC, pero sí le instó a que la explicara. “Esta es una ley para todas las víctimas, que es justa, y los partidos que han votado en contra tendrán que explicar por qué lo han hecho”, subrayó a preguntas de la prensa.
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