Los partidos exhiben su impotencia ante la situación de 140 familias de las VPO del Primero de Mayo

Un partido (PRC) firmó el decreto; otro no lo modificó (PP) cuando se suscribieron los contratos; y a otro (PSOE) le ha estallado el asunto ahora en la cara. Pero todos ellos no han podido ofrecer una solución a las 140 familias del barrio santanderino del Primero de Mayo que entraron a vivir de alquiler hace 10 años en una VPO regional y que ahora, cuando esperaban hacerse con la propiedad por un precio residual, han de pagar el metro cuadrado al precio de una vivienda de lujo, a 3.000 euros.

Es la Ley, dicen los grupos que sustentan al Gobierno, PSOE-PRC, que se encogen de hombros ante la imposibilidad de modificar el decreto regulador de la concesión de viviendas de alquiler con opción de compra final y ante la inquebrantable pretensión del promotor de cobrar lo estipulado en contrato.

Hagan algo, les dice el resto de grupos de la Cámara parlamentaria, que pone buen cuidado en declinar toda responsabilidad pasada. Pero entre los que se escudan en lo firmado y entre los que proponen iniciativas que ya se han llevado a cabo sin éxito, las 140 familias tendrán que pagar el doble del valor del metro cuadrado de sus pisos si quieren hacerse con la propiedad.

Hace una década alguien pensó que las circunstancias no cambiarían y que los pisos de VPO se revalorizarían. En los años de la bonanza del 'ladrillo' hubiera sido así, pero la crisis de 2008 echó abajo el castillo de naipes de la promoción inmobiliaria y la pandemia por COVID terminó de rematarlo en 2020 con una nueva crisis de la que se conoce el principio pero no el final y un contexto en donde la rentabilidad del alquiler es superior a la derivada de las hipotecas. Sea como fuera, las condiciones del mercado en 2021 no tienen nada que ver con lo que se preveía en 2011, año en que 140 propietarios entraron a ocupar las viviendas. Tendrán que pagar ahora por sus viviendas el doble de lo que valdrían otras similares a precios de mercado de hoy, sin que el Gobierno de Cantabria pueda hacer nada por evitarlo.

PRC y PSOE han rechazado en el Pleno del Parlamento de este lunes la moción presentada por el PP -para que los vecinos puedan ejecutar la opción de compra en unas condiciones adecuadas al precio de las viviendas-, ya que aseguran que han intentado buscar soluciones pero “no se puede” actuar porque el promotor “se niega” a negociar ya que los contratos firmados se ajustan a la legalidad.

PRC y PSOE han asegurado que el Ejecutivo ha intentado buscar una solución, sabiendo ya que “era prácticamente imposible”, y se ha reunido varias veces con el promotor privado de las VPO -Residencial Primero de Mayo, SL-, que “se acoge a los contratos firmados” y “se ha negado completamente” a modificar las cláusulas ya que se ajustan a la legalidad, como ya dijo en el anterior Pleno la consejera de Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, en respuesta a una interpelación de los 'populares' sobre el mismo asunto.

“El Gobierno está del lado de los vecinos, pero no tiene capacidad para modificar el contrato”. “No es jurídicamente viable hacerlo”, han insistido la regionalista María Ángeles Matanzas y la socialista Carmen Algorri, señalando que “la única solución viable es la negociación” y se ha intentado “en numerosas ocasiones”.

El Gobierno está del lado de los vecinos, pero no tiene capacidad para modificar el contrato

El decreto regulador, que contenía la posibilidad de hacerse con la propiedad a un precio de venta 1,5 o dos veces su valor fue aprobado durante un Gobierno Revilla cuando José María Mazón (PRC) era consejero del ramo. Posteriormente, ya con el Gobierno Diego (PP), al PP le tocó visar los contratos que se firmaron entre los nuevos propietarios y el promotor privado. Era la legislatura 2011-2015. El PP protesta ahora diciendo que su partido solo comprobó que los contratos se ajustaban a la normativa imperante entonces, aunque PRC y PSOE le han reprochado que, si tan abusivo le parece, pudo haberlo derogado durante su mandato.

El diputado de Cs, Diego Marañón, ha criticado que las VPO “valen como una vivienda de lujo en la misma zona” y que sus inquilinos, “o asumen una hipoteca que no se pueden permitir y que probablemente ningún banco les dé o se quedan sin vivienda”.

Desde Vox, Cristóbal Palacio ha instado a la Administración a buscar un “equilibrio” y un “punto de acuerdo” para ambas partes y que los inquilinos puedan optar a las viviendas a un precio “de mercado”, ya que cree que es lo que “previsiblemente terminarán diciendo los tribunales” y apuesta por “ahorrar el martirio del camino procesal” que puede durar “años”.