La inclusión del lobo en el listado de especies protegidas “y otros problemas” movilizan a los ganaderos cántabros

El secretario general de UGAM-COAG (Unión De Ganaderos Y Agricultores Montañeses) en Cantabria, Gaspar Anabitarte, ha anunciado que su organización agraria ya ha planteado movilizaciones a nivel nacional tras la entrada del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), aunque tendrán carácter “general” dado que el sector ganadero tiene “muchísimos más problemas acumulados”.

Así lo ha manifestado Anabitarte este martes en declaraciones a Europa Press, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara la inclusión del lobo ibérico en el LESPRE, de modo que a partir de mañana su caza quedará prohibida en toda España, según recoge la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El secretario general de UGAM-COAG ha reconocido que estaban esperando esta situación, que es “muy incomprensible” y tiene dos vertientes, una política y otra propia de la inclusión del lobo en el LESPRE, que “hay que diferenciar”.

En cuanto a la política, considera “inaudito” que el Gobierno central legisle “en contra” de once comunidades autónomas y de aquellas cuatro que tienen prácticamente el 90 por ciento de los lobos de España --Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León--. “Es algo incomprensible pero eso lo tendrán que resolver ellos”, ha valorado.

Asimismo, ha señalado que las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) representativas españolas no tienen “interlocución ninguna” con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en relación a la gestión del cambio climático. “Es una situación también insólita”, ha añadido Anabitarte, que ha subrayado que “se están gestionando muchas cosas al margen”.

Respecto a la inclusión del lobo en el LESPRE, ha asegurado que “genera un problema fundamental”, que “no es que el lobo se pueda o no cazar” sino “cómo se controlan las poblaciones”.

En este sentido, ha detallado que en Asturias y Galicia el lobo no se puede cazar, solo se caza en Castilla y León, y en Cantabria lo que se puede cazar de esta especie “es marginal”.

“La cuestión es que se va a impedir controlar las poblaciones y, por lo tanto, controlar los daños que se hace a través del control de poblaciones porque se genera una normativa legal que es el armamento que tienen todos los grupos radicales animalistas-ecologistas para judicializar todo este tema”, ha valorado Anabitarte, que ha advertido que, de esta forma, el lobo “queda libre para expandirse en la manera que considere oportuno”.

Así, ha reiterado que esta medida no solo no tiene en cuenta la opinión de los ganaderos y de las organizaciones “menos radicales”, sino que es “absolutamente contraria”. A su juicio, el Ministerio atiende a “los dos grupos más radicales que hay en España del ecologismo”, que son “marginales” y “poco tienen que decir”.

Para el secretario general de la organización agraria, las comunidades van a recurrir “no por la parte propia del lobo”, sino porque “legalmente es muy dudoso que se pueda legislar en contra de once comunidades autónomas”.

“Todo el paripé, por llamarlo así, que se hizo en aquella famosa reunión, donde se maniobró por parte del Ministerio de todas las maneras posibles para que se decidiera allí lo que ellos querían que se decidiese, pues todo eso se va a recurrir por parte de las comunidades autónomas”, ha señalado, que ha subrayado que “otra cuestión es el problema del lobo en sí mismo”, que el Ministerio “lo tiene planteado de una manera absolutamente inaceptable”.

Cifras “ridículas”

En este sentido, ha indicado que en los documentos “están hablando” que el dinero que va a costar todo esto se va a situar en unos 20.000 euros, cuando solo la gestión del lobo en Cantabria se acerca a 1,5 millones de euros. “El Ministerio habla de unas cifras francamente ridículas con todo este asunto”, ha afirmado.

Además, Anabitarte ha apuntado que el Ministerio en sus planteamientos “culpabiliza al ganadero de ser el responsable de los daños que sufre por el lobo”, argumentando que “se trata de daños que ocurren porque el ganadero no ha tomado medidas de protección”.

“Pretenden que los ganaderos que sufren daños no reciban ni indemnizaciones ni absolutamente nada y se lo coman ellos por el simple hecho de que les ha atacado un lobo sin ser su responsabilidad”, ha sentenciado.