Regalarle munición al enemigo

Siempre que este Gobierno se atreve a legislar con valentía, se encuentra con la artillería conservadora. El cabreo de la derecha suele ser el mejor barómetro para medir los aciertos del Ejecutivo. Cuando les ladran es porque cabalgan. Pero no podemos ser tan condescendientes ni perezosos con la izquierda y con nosotros mismos como para resolver cualquier debate con esta simplificación maniquea: ellos todo mal, nosotros todo bien. Las reformas o proyectos de reforma de la sedición, la malversación y el consentimiento han provocado terremotos que requieren separar el grano de la paja y no solo ver la paja en el ojo ajeno. 

La eliminación del delito de sedición, que será sustituido por el de “desórdenes públicos agravados”, es necesaria para acomodar nuestra legislación a la del resto de Europa y también para intentar acomodar a Cataluña en España después del cataclismo del procés. La sedición, por la que están condenados los políticos independentistas e imputados los que huyeron, fue promulgada en 1822. Hay que suprimirla no solo por su antigüedad, también por su actualidad. Porque ayuda a cerrar la brecha que abrió la derecha españolista con el catalanismo. Sánchez no debería ocultarlo sino sacar pecho porque viene a intentar resolver un problema que provocaron los conservadores. Lo hizo con los indultos, la Inquisición sacó las antorchas y al final solo ha quedado el humo. El PSOE tiene que dejar de hablar para quienes les quemarán en la hoguera hagan lo que hagan y hablar al resto de españoles con sinceridad y sin rodeos. 

Pero no todo vale en las negociaciones con el independentismo. La propuesta del Gobierno de reformar la malversación para eliminar del delito los casos en los que no hay enriquecimiento personal es un error. No hace falta el lucro privado para que haya corrupción, los fondos públicos pueden desviarse hacia una causa o una organización para las que no están destinados nuestros impuestos. Ocurrió con los ERE de Andalucía o con los gastos del 1-O. Sería un escándalo intentar exonerar a Griñán por esta vía. En un país asolado por el despilfarro, sería un escándalo que se abriera una puerta a los corruptos, en lugar de cerrarles el paso. Todos los socios de investidura del PSOE, incluido su socio de Gobierno, lo entienden así y por eso han enfriado esta posible reforma que hasta Esquerra duda de que sea pertinente en este momento. No lo es en ninguno. Necesitamos más control del dinero de todos, no menos. 

Pueden haber faltado controles en la Ley del “solo sí es sí” para evitar que algunos magistrados rebajen las penas de violadores. Aunque algunos juristas explican que el Código Penal ya tiene una disposición transitoria que impide la revisión de condenas cuando la sentencia firme cabe en la nueva legislación, como es el caso, hay otros que defienden que hubiera bastado una nueva transitoria para asegurar una lectura inequívoca. Ahora todo depende de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Supremo. La primera se ha manifestado este lunes contra la reducción, pero queda el criterio del máximo tribunal, controlado por una mayoría conservadora. El Gobierno se podría haber ahorrado la incertidumbre y el ruido poniendo la venda para que no se abra la herida. 

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la Delegada para la Violencia de Género, la jueza Vicky Rossell, han asegurado tajantemente que nada está mal en la ley, que lo que está mal es la Justicia machista. Nadie niega lo segundo, es discutible lo primero. Algo falla en un texto que genera dudas también a jueces y juezas progresistas. Precisamente porque la Justicia es patriarcal, ciérrale el camino al machismo. El machismo que no está solo en los tribunales, también en las tribunas. La jauría mediática ha vuelto a aprovechar para lapidar a Montero por ser mujer, de Podemos y pareja de Pablo Iglesias. Pero lo que tampoco pueden hacer los morados es refugiarse en el papel de víctima para eludir desaciertos. La faltas de los otros no te eximen de las propias. 

Dicho lo cual, la responsabilidad no es solo de la ministra, también el ministerio de Justicia, el Consejo de Estado y los diputados que la votaron dieron el visto bueno. Dicho lo cual, el Consejo General del Poder Judicial se ha vuelto a hacer el ofendidito porque Podemos se mete con los jueces, pero ellos llevan años metiéndose con Podemos. Hay una guerra jurídica y mediática contra este Gobierno, sobre todo contra el ala más a la izquierda. Hay jueces haciendo política y medios haciendo propaganda. Hay una justicia patriarcal y machista. Por eso no se puede ser tan ingenuo, tan torpe o tan soberbio como para regalarle munición al enemigo.