ASAJA cree que el Estatuto de la Mujer Rural debe “promocionar” el acceso a la titularidad compartida

ASAJA de Castilla-La Mancha está elaborando una batería de propuestas al anteproyecto del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, una ley que tiene previsto poner en marcha la Consejería de Agricultura y en la que la organización agraria ha solicitado participar para trasladar las necesidades y los intereses de sus asociadas.

El sindicato agrario considera que el Estatuto debe promocionar el acceso a la titularidad compartida, y pedirá a la Consejería de Agricultura que realice las gestiones oportunas para conseguir mejorar la Ley, que desde que fuese aprobada en 2011 ha registrado alrededor de 120 altas de titularidad compartida en la región.

Es una de las conclusiones de la reunión mantenida en Toledo en la que se han analizado las necesidades y oportunidades de las mujeres rurales, y ha hecho hincapié en que hay que priorizar la población femenina que reside en municipios con riesgo de despoblación, puesto que, cuanto más baja es la cifra del censo demográfico, mayores son las carencias de servicios o infraestructuras y más difícil resulta fijar población y crear empleo.

En este sentido, la organización agraria ha recordado que fomentar el empleo en los pueblos pasa por apostar por la agricultura y la ganadería, pues son actividades que afianzan los recursos existentes en la zona y frenan el proceso de declive económico y demográfico. Además, solicitará que se termine con la invisibilidad de las mujeres agricultoras y se apueste por medidas que reconozcan profesionalmente la labor que desempeñan y fomenten su participación en la toma de decisiones en el ámbito económico y social.

La organización pedirá también actuaciones concretas, tales como beneficios o ventajas fiscales y económicas para las mujeres rurales, medidas encaminadas a fomentar el emprendimiento, así como acciones formativas y cursos de liderazgo. Para ello, ha subrayado, se necesita dotar de presupuesto dichas actuaciones y crear un órgano de control encargado de la vigilancia y planificación de las medidas que se desarrollen a partir de la Ley pues, de lo contrario, el Estatuto se quedará en una declaración de intenciones.