Castilla-La Mancha aporta un 83% a Dependencia frente al 17% de Rajoy
Enorme desproporción entre el gasto que destinan las comunidades autónomas para sostener el sistema de Autonomía Personal y Dependencia y aquel que sufraga el Gobierno de Mariano Rajoy. Lo ponen de manifiesto los datos de certificados de gasto del Observatorio de la Dependencia, recopilados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En el caso de Castilla-La Mancha, la comunidad aporta un 83% de financiación frente al 17% del Gobierno central.
Según informa esta asociación, el Observatorio solicitó los certificados de gasto en Dependencia que las comunidades autónomas remiten al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, en los que se puede verificar el gasto público autonómico en atención a la dependencia junto a los ingresos que reciben del Estado para tal fin. La práctica totalidad de territorios ha accedido a aportar los documentos oficiales suscritos por las respectivas Intervenciones Autonómicas.
Los datos obtenidos confirman que, mientras la Ley establece que el Sistema debe ser financiado -en su gasto público- a partes iguales (50%) por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, la realidad es que el Gobierno central aportó en 2015 sólo el 18,1 % del gasto público frente al 81,9% de las autonomías.
“El recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a más de 2.865 millones de euros tal y como se reconoce en el Plan de Estabilidad y en los Planes de reformas remitidos a Bruselas. El quebranto para las comunidades autónomas en la financiación de esta importante política social las coloca en una encrucijada de muy difícil salida, cuando son ellas las que deben responder ante las personas dependientes”, argumentan los directores de servicios sociales.
En el caso concreto de Castilla-La Mancha, la aportación de la Administración regional, según estos certificados, es de 283,3 millones de euros, frente a los 57,7 millones que proceden del Gobierno central. Esto supone un gasto total de 341 millones, de los que el 83,1% se deriva de las arcas públicas castellano-manchegas y solo un 16.9% de la Administración General del Estado.
La asociación considera “imprescindible un debate serio y realista” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para lograr un acuerdo de Estado sobre la financiación del Sistema de Antención a la Dependencia (SAAD) que permita a las comunidades autónomas cumplir con las obligaciones encomendadas en esta materia. “Es crucial para la vida digna de un millón y medio de personas y sus familias”.
