Pagar la deuda pública costaría casi 500 días de trabajo a cada castellano-manchego
En un momento en el que debido a la situación de un Gobierno central en funciones y a la falta de techo de gasto, los presupuestos regionales de las comunidades autónomas se encuentran prácticamente paralizados, los datos sobre la deuda de las administraciones públicas no acompañan al optimismo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha puesto en marcha un nuevo Observatorio de Deuda Pública que se publicará trimestralmente como instrumento de análisis de cara a la sostenibilidad financiera y que ya ha arrojado los primeros datos en cuanto a la comparación entre comunidades autónomas.
Según el informe de este organismo, si se considera tanto la deuda propia como la común, en el caso de Castilla-La Mancha se necesitarían casi 500 días de trabajo de cada habitante de la región para hacer frente el pago de la misma. Concretamente, serían 132 días en el caso de la deuda autonómica y 351 en el caso de la común. La comunidad autónoma se sitúa así entre las comunidades que lideran este ranking, junto con Extremadura, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.
Con estos datos, una de las conclusiones de este estudio es que en términos de incremento relativo desde el año 2007, el menor deterioro se ha producido en la Comunidad de Madrid, donde el número de días apenas se ha triplicado, situándose en 52 durante 2016.
De cara al futuro, la deuda respecto al PIB de las administraciones públicas presenta un perfil sostenible o decreciente, en especial a partir de 2018, de acuerdo a las proyecciones asociadas al escenario neutral de la AIReF. Así, el ritmo de la caída supondría alcanzar el límite del 60% del PIB en 2036, muy lejos del año 2020 tal y como requiere la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Estabilidad.
Previsiones conforme a “escenarios de estrés”
Debido a ello, desde el Observatorio de Deuda se ha sometido la senda de déficit a distintos “escenarios de estrés”, concluyendo que aunque el conjunto de las administraciones públicas no alcanzaría ese límite de deuda del 60% dentro de 20 años, la situación para los distintos subsectores es muy heterogénea.
De esta forma, la Administración Central y los Fondos de la Seguridad Social, así como el conjunto de las comunidades autónomas alcanzarían el valor de referencia del 44% y el 13% del PIB, respectivamente, alrededor del año 2036. Ahora bien, comunidades como Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia o la Comunidad Valenciana, se irían más allá del 2040. En el caso castellano-manchego, significaría retrasar en otros cuatro años más el cumplimiento de la estabilidad.
