Los planes de la Junta para los conductores, a juicio
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la resolución del plan presentado por la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas en medio de las negociaciones alrededor del Plan de Ordenación de Recursos Humanos que se ha aprobado para reducir la plantilla de los conductores oficiales de la Junta de Comunidades, que abría 27 plazas para los trabajadores destinados para Alto Cargo, Delegado, Consejero y Presidencia, que se distribuirán entre las cinco provincias de la región.El rechazo de los conductores ante todas las medidas de la Junta ha sido unánime. Las movilizaciones en contra del Plan de Ordenación de Recursos Humanos fueron numerosas y seguidas por toda la plantilla, y se han repetido en las asambleas entre los sindicatos y los conductores, sobre todo en el caso de estos nuevos puestos, debido a ser de libre designación. Cinco puestos quedaron sin adjudicarse, y la toma de posesión debe realizarse después del cese en el puesto anterior.
Por su parte, Comisiones Obreras ha señalado que se ha impugnado el concurso de libre designación a través de recurso contencioso-administrativo, en contra de la Administración, no en contra de los trabajadores que, según ha señalado Ramón González de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, tienen todo el derecho de optar por los puestos de trabajo. “La Administración cambió las reglas del juego en mitad del periodo más sensible de la negociación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos”, ha señalado González y es por esto que desde el sindicato consideran doblemente grave la apertura de concurso.
Si bien el proceso de recurso contencioso administrativo puede tardar años en resolverse, también se está ultimando la última denuncia en contra el Plan de Ordenación, aprobado recientemente y de forma “unilateral” por el Gobierno, para eliminar la mitad de los puestos del Parque Móvil regional. Comisiones Obreras considera, tal como ha señalado desde el principio del problema, que incumple el convenio colectivo, la Ley de Empleo Público y el Estatuto de los Trabajadores. Esta denuncia, será la cuarta presentada por el sindicato ante los tribunales para evitar que se prescinda de la mitad de la plantilla de estos trabajadores.
