Castilla y León pide al Gobierno que derogue la orden que blinda al lobo y siga a la Unión Europea

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha instado este martes al Gobierno en funciones a que derogue la orden que en la práctica blinda al lobo con una protección total como especie y siga el nuevo criterio marcado por la Comisión Europea de rebajar ese amparo en las zonas en las que son un peligro.

En un comunicado, el consejero ha valorado la decisión de Bruselas de abrirse a la posible flexibilización de la protección del lobo, después de que ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señalara que algunas concentraciones de lobos son “un verdadero peligro” para el ganado y las personas, y se abrió a rebajar la protección de la que gozan esos animales.

“La concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un verdadero peligro para el ganado y potencialmente también para los seres humanos. Insto a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas cuando sea necesario. De hecho, la legislación actual de la UE ya les permite hacerlo”, declaró Von der Leyen en un comunicado.

La Junta de Castilla y León ha apoyado esa decisión de flexibilizar la normativa de protección del lobo y ha considerado que “la Comisión Europea ha dado un paso fundamental en relación a la gestión del lobo en Europa, marcando otro paso decisivo en un proceso que ha durado meses y que ha sido objeto de preocupación tanto para la ganadería como para la conservación de esta especie emblemática”.

Ha recordado que desde noviembre del año pasado, cuando el Parlamento Europeo tomó una decisión histórica en la que instaba a la adopción de medidas para flexibilizar la gestión del lobo y restablecer el equilibrio entre la conservación de la especie y las actividades económicas en el medio rural, “se ha trabajado arduamente en este proceso”.

Y ha argumentado que “la preocupación por los crecientes daños causados por los lobos a la ganadería y la necesidad de controlar el aumento de su población en zonas muy humanizadas o con alta densidad de ganadería extensiva fueron factores clave que impulsaron esta iniciativa”.

La Consejería ha incidido en que la Comisión ha invitado a las comunidades locales, a los científicos y a todas las partes interesadas a presentar datos actualizados antes del 22 de septiembre de 2023 sobre la población de lobos y sus repercusiones.

Y sobre la base de los datos recogidos, la Comisión decidirá sobre una propuesta para modificar el estatuto de protección del lobo en la UE y actualizar el marco jurídico, a fin de introducir una mayor flexibilidad, a la luz de la evolución de esta especie.

La Consejería ha defendido que los datos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la Comisión sobre las poblaciones del lobo no se correspondían con la informacion que tenían las regiones españolas responsables de la gestión de esta especie, cuestión que fue comunicada el pasado mes de abril por Suarez-Quiñones, junto con sus homólogos de Asturias, Cantabria y Galicia, al comisario europeo de medio ambiente.

En el caso de España, antes de la nueva regulación sobre el lobo del Gobierno que incluyó a este animal en Listado de Especies de Especial Conservación (LESPRE), al norte del río Duero, el régimen europeo de protección del lobo permitía la gestión de la especie a la Administración.

Esto hacía que Castilla y León -y las comunidades autónomas loberas, fundamentalmente Galicia, Asturias y Cantabria- tuvieran planes de gestión y conservación con sistemas de control público de la especie que garantizaba un equilibrio entre la evolución favorable de la especie y unos daños a la ganadería limitados.

Al sur del río Duero el régimen era y es de estricta protección, no cabiendo medidas de gestión.

Ambos regímenes en Castilla y León plasmaban cuál es el efecto de uno y otro, ya que al sur del Duero, el 20 % de la población del lobo venía causando el 80 % de los daños a la ganadería. Al norte del Duero, el 80 % de la población de lobo causaba el 20 % de los daños a la ganadería.

Europa permitió este régimen flexible al norte del río Duero en el año 1992 (en que se dictó la Directiva Hábitat) por la importante población de lobos existente, que en aplicación de este régimen ha venido incrementándose con equilibrio.

Y en Europa, el régimen es de estricta protección, existiendo sólo la posibilidad de gestión por la Administración en España al norte del río Duero y en una parte pequeña en Grecia.

La Consejería ha sostenido que lo que Europa estudia es cambiar el régimen, de manera que el que venía disfrutando Castilla y León al norte del río Duero (el lobo está en el Anexo V de la Directiva) se extendiese a otros territorios de la Unión en vez del régimen de estricta protección (el lobo está en el Anexo IV de la Directiva).