La nueva consejera de Movilidad promete una tarifa plana de 20 euros en transporte metropolitano

La consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha apuntado este miércoles que en la presente Legislatura su Consejería pondrá en marcha, en materia de transporte de viajeros, un nuevo bono para transporte metropolitano con tarifa plana de 20 euros al mes, mientras que ha mantenido la reclamación al Gobierno de la extensión de bonos como los de los AVANT (Madrid-Segovia-Valladolid) a todas las líneas de AVE que pasan por la región.

Así lo ha señalado González Corral durante la comparecencia que ha mantenido este miércoles en la Comisión correspondiente de las Cortes autonómicas, en la que ha detallado la programación de su Consejería para la Legislatura recién iniciada.

En transporte público de viajeros, la consejera ha detallado diferentes líneas de trabajo, y en el ámbito del transporte metropolitano, que la Junta ha implantado en las ciudades de Burgos, León, Salamanca, Valladolid y Segovia, ha aseverado que se dará “un paso más” en bonificación tarifaria con el nuevo Bono Castilla y León 20, que permitirá viajes mensuales ilimitados con tarifa plana de 20 euros al mes.

En esta materia ha destacado el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de León para la inclusión del transporte intermunicipal regular entre las competencias de la Mancomunidad de Interés General León y Alfoz, lo que supondrá una aportación de 13,6 millones de euros en los próximos años. Además, se ha podido proyectar la implantación del Sistema de Transporte Inteligente (ITS), con un importe de 10,6 millones y financiado por fondos NEXT Generation EU.

La consejera ha incidido en que la Junta trabaja en un “nuevo modelo de movilidad para Castilla y León”, que supondrá la implantación de un sistema concesional que será “eminentemente rural” y permitirá el acceso de los castellanoleoneses a los servicios básicos en condiciones de igualdad.

Esta “nueva visión” contempla la aprobación del Mapa de Ordenación del Transporte Público de Viajeros, que regirá la movilidad de la Comunidad en los próximos diez años. En esta legislatura, se impulsará la tramitación de los nuevos proyectos de explotación, que servirán de base para la redacción de los pliegos de licitación de los nuevos contratos de concesión de servicio público.

El mapa supondrá la reestructuración de las concesiones de transporte público de viajeros por carretera, garantizando la accesibilidad universal, la intermodalidad, la calidad, sostenibilidad medioambiental y económica del servicio público y la modernización.

González Corral asegurado que se ha hecho un “enorme esfuerzo” en relación con las ayudas a la explotación de los servicios deficitarios o de débil tráfico, pues señala que durante los últimos cinco ejercicios presupuestarios, ese montante ha ascendido a más de 97,5 millones de euros, a los que hay que sumar 12,9 millones correspondientes a 2022, ya anticipados a los 143 concesionarios.

Además, ha sumado 9 millones más, el equivalente al incremento de los precios de combustible y otras partidas de costes vinculadas a su alza, incluidos en el paquete de iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación económica, aprobado en el primer Consejo de Gobierno de la Legislatura dentro del Plan anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Ampliación del transporte a la demanda

Otra de las líneas de trabajo de la Consejería será la ampliación del Transporte a la Demanda, que se consolidará en el nuevo mapa concesional para dar cobertura a 1,7 millones de potenciales viajeros frente a los 1,2 millones actuales. En este sentido, también se apostará por el mantenimiento del Bono Rural Gratuito, que cuenta con 1.945 rutas, repartidas por 123 zonas y permite conectar a los usuarios del Transporte a la Demanda.

Aquí se implantará un nuevo Bono Rural Joven, anunciado recientemente por el Gobierno autonómico, que permitirá viajar de forma gratuita en el transporte interurbano a los jóvenes, hasta los 26 años.

Apoyo al transporte ferroviario para fijar población

“Favorecer la fijación de población en la Comunidad también se establece como uno de los objetivos en este mandato”, ha recalcado la consejera, que ha señalado que para ello se prorrogarán los convenios que bonifican los viajes a los vecinos de Ávila y Segovia, que se desplacen a trabajar o estudiar a Madrid en autobús y que ven reducido el coste anual entre los 944 y los 2.007 euros.

En este sentido, ha asegurado que mantendrá la misma medida con los viajeros que optan por hacer ese trayecto en el tren convencional Ávila-Madrid (con un ahorro de unos 1.500 euros al año).

El descuento de los bonos, en el último trimestre

Asimismo, la consejera ha señalado que se tramita con Renfe Viajeros el convenio que reducirá en un 25% el coste de los bonos de Media Distancia-Alta Velocidad y Media Distancia Convencional, con una aportación de la Junta superior a los 2,4 millones anuales, está en la fase final de su tramitación y será efectivo en el último trimestre del año.

Asimismo, ha incidido en la reivindicación al Gobierno de la Nación la ampliación de los trayectos considerados como Obligación de Servicio Público (OSP) a los trenes de altas prestaciones entre Zamora y Madrid y León y Madrid, o, al menos que se permita el uso de los bonos Avant en toda la oferta de AVE, como ocurre en otras Comunidades Autónomas.

En lo relativo a las infraestructuras para el transporte de viajeros, la consejera ha anunciado inversiones por un importe superior a los 19 millones de euros en las estaciones de autobuses de León, con obras ya en marcha; en Palencia y Soria (ya adjudicadas); Ávila, Ponferrada y la intermodalidad entre estación y AVE en la ciudad leonesa (en fase de redacción) y la de Ciudad Rodrigo (pendiente de nueva licitación), además de las de Almazán y Benavente.

En cuanto a otras ciudades con proyectos pendientes, como Valladolid --se trasladará junto a la de tren-- y Segovia, la consejera ha explicado que están a la espera de que se lleven a cabo los desarrollos urbanísticos de las zonas donde se instalarán las terminales.

El PSOE ve una consejería “descafeinada”

La procuradora del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León Laura Pelegrina ha definido la nueva Consejería de Movilidad y Transformación Digital como “descafeinada”, ya que mantiene “solo” un 30 por ciento de las competencias que tenía la de Fomento y Medio Ambiente y ha recordado que “hereda incumplimientos y fracasos” de “su predecesor” Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Así lo ha señalado la portavoz socialista en la Comisión de Movilidad y Transformación Digital, durante el debate en la sesión en la que la nueva consejera, María González Corral, ha presentado el programa para la Legislatura que acaba de comenzar.

Según Pelegrina este nuevo área que dirige “la primera consejera” que comparece en Comisión dentro del “Gobierno menos paritario de la historia de la comunidad” está “descafeinada” ya que “sólo contará con el 30% del presupuesto de la antigua Consejería de Fomento y Medio Ambiente” --ahora desgajada entre Movilidad y Transformación y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio-- y no gestionará “ningún ente público”.

“Todo un gesto de generosidad del consejero Suarez-Quiñones”, ha ironizado Pelegrina, que ha recordado que González Corral hereda los incumplimientos y proyectos fallidos de su predecesor.

Entre esas herencias ha mencionado la despoblación ya que “un año más” Castilla y León encabeza las listas de pérdida de población; o proyectos “fallidos” entre los que ha incluido el Plan Autonómico de Carreteras que ya era un compromiso de Suárez-Quiñones y que según Pelegrina su redacción se ha “externalizado” a una consultora; o el Mapa de Transportes que según la procuradora también ha sido “privatizado”, lo mismo que sucedería según ha asegurado con la Estrategia Logística de CyL “pendiente desde 2020”.

Además, ha ironizado con que el PP “no ha defraudado” al volver a incluir en el programa “su promesa estrella durante más de 20 años” referida a la Banda Ancha y el objetivo de alcanzar el 100 por ciento de cobertura de 30 megas en 2023 y de 100 en el año 2025. Algo, que ha asegurado que, “pese a la deslealtad del PP” contará con el impulso del Gobierno de España y el Programa UNICO-Banda Ancha del PRTR, que según cifras aportadas por la consejera reserva 22 millones de euros para Castilla y León.

Pelegrina ha defendido asimismo que “ninguna de las actuaciones de la Consejería, especialmente en digitalización, podrían llevarse a cabo sin los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el PP pretendió bloquear en todo un mal ejemplo de patriotismo”.

En este sentido, ha reiterado que Castilla y León es la quinta comunidad que más Fondos Europeos ha recibido, con 1.318 millones de euros, de los que 878 están destinados a políticas públicas y gestión propia.

Por otra parte, la procuradora leonesista Alicia Gallego, portavoz en esta Comisión del Grupo UPL-Soria Ya ha considerado que el programa de esta nueva Consejería es “ciertamente continuista” y echa en falta la alusión a “grandes inversiones” de necesidad para la región leonesa y para la Comunidad al completo, pues considera que las infraestructuras “están obsoletas” y faltan “autovías y vías rápidas”; así como mejoras en las conexiones con Portugal de las provincias de León, Zamora y Salamanca.

Asimismo, Gallego ha reivindicado “una inversión más grande en transformación digital” y ha echado en falta medidas para paliar el “abandono” al que han sometido al medio rural las entidades financieras, al tiempo que ha recordado que Internet es “necesario” para impulsar actividad comercial y empresarial.

Por su parte, el procurador de Por Ávila y portavoz del Grupo Mixto en esta Comisión, Pedro Pascual, ha hecho hincapié en pedir a la consejera que se comprometa “de forma explícita” a buscar la colaboración del Gobierno de España “para cumplir con los abulenses” y mejorar, de una vez por todas, las comunicaciones de la provincia.

Así, el procurador abulense ha reivindicado la conexión de Ávila con la autovía A-6, algo que considera indignante que no exista en una capital de provincia situada “en el centro del país”. A ello ha sumado la petición de apoyo para reivindicar al Gobierno de España la finalización del tramo pendiente de la autovía A-40 a su paso por la provincia.

Miembros de la coalición

De la parte de la coalición de Gobierno, la procuradora de Vox Susana Suárez ha destacado el reto que aborda esta Consejería y ha destacado el trabajo que se ha diseñado en los “pilares” de las infraestructuras; el transporte de pasajeros y mercancías y la necesaria mayor competitividad, para la que, eso sí, ha reivindicado una “mayor inversión”.

La procuradora de la formación de derechas ha planteado algunas reivindicaciones a su compañera de coalición e incluso ha dado por hecho que PP y Vox tendrán “alguna discrepancia”, pero se ha mostrado convencida de que entre ambos buscarán la mejor solución para los intereses de la comunidad.

En materia de Movilidad, Suárez ha incidido en que se debe tratar de promover un Plan Nacional de Transporte en Carretera que reduzca tasas administrativas, suprima cargas de impuestos y no añada el peaje en las autovías. Por otro lado, ha reclamado que no se debe “penalizar” al transporte en vehículo privado.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión, Ricardo Gavilanes, ha calificado la intervención inicial de González Corral de “muy positiva” y ha destacado algunos aspectos, especialmente el plan de carreteras, ya que cree que “va a recoger todas las necesidades de la red de carreteras”, mientras que ha apostillado que no se puede “decir lo mismo” del Gobierno de España, al que hay que reivindicar “las mismas cosas” desde hace muchos años, lo que también sucede con la red ferroviaria.

Gavilanes ha incidido en el trabajo que se hará para consolidar el transporte a la demanda y ampliarlo a toda la Comunidad y el esfuerzo para que prospere el Corredor Atlántico, que según ha recordado se sigue sin conocer su Plan Director desde “2019” y se desconoce la distribución de los 4.622 millones de euros reservados para la infraestructura. Por ello, teme que esos fondos se hayan derivado al Corredor Mediterráneo.