La Autoridad Catalana de Protección de Datos inicia un procedimiento sancionador contra el Cesicat
Por primera vez una autoridad responde al escándalo originado por las filtraciones de archivos con carácter ideológico elaborados por el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat). El fotoperiodista Jordi Borràs denunció ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos (ACPD) un informe de siete páginas realizado por el Cesicat porque hacía fotos a Mossos de paisano.
Ahora, la ACPD inicia un procedimiento sancionador en el que se imputa al organismo de seguridad de la Generalitat tres infracciones de la Ley orgánica de la protección de datos. Por un lado, la recogida y tratamiento de datos personales “sin haber solicitado previamente la inscripción del fichero correspondiente al Registro de Protección de Datos de Catalunya” y “el tratamiento de datos personales sin tener recabado el consentimiento de las personas afectadas”.
El informe contenía datos personales y de contacto de Jordi Borràs, así como información sobre su actividad profesional. Todas estas informaciones se podían encontrar en internet, pero la legislación no permite al Cesicat recopilarlas y sistematizarlas incumpliendo estos dos elementos.
Por otra parte, la tercera infracción sería por “el acceso por parte de personas ajenas al Cesicat a documentos elaborados por este organismo, los cuales fueron objeto de difusión a través de internet”. Hay que recordar que cuando se filtró este informe, que incluía una dirección de residencia de Borrás, el fotoperiodista se encontraba bajo amenazas de muerte de grupos de extrema derecha, por lo que había suspendido las presentaciones de su libro Warcelona, una historia de violencia, que mostraba precisamente las imágenes de violencia policial por las que lo investigaba el Cesicat.
La polémica de las fuentes abiertas
El Govern negó en varias ocasiones que los documentos, en los que se monitorizaba y se clasificaba ideológicamente a activistas, abogados, periodistas y políticos, estuvieran elaborados por el Cesicat. Sin embargo, al día siguiente de las filtraciones, el organismo reclamó a Dropbox los derechos de autor de los informes y, por tanto, su retirada de la red.
Tres meses después, el consejero de Empresa y Empleo Felip Puig, responsable del organismo, admitió que el Cesicat había elaborado estos informes por encargo de los Mossos. Puig remarcó que se utilizaban “fuentes abiertas” y que “cualquiera de nosotros podría hacer estos informes con una cierta dedicación, pero el Cesicat disponía de las herramientas que permitían hacerlo con rapidez”.
No obstante, lo que pone de relieve la ACPD es que, aunque la información fuera fácilmente accesible, el Cesicat no estaba autorizado a tratar dichos datos de carácter personal y por ello inicia el procedimiento sancionador. Esta es la primera respuesta a las diversas denuncias y quejas presentadas contra estos informes.
