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CATALUNYA

Colau mantiene la precontratación de una hora para las VTC en su reglamento pese al veto del Consell de Garanties

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado inicialmente la normativa con los votos de comuns, PSC y CUP y deberá validarlo de nuevo en marzo

Los conductores que no cumplan con esta obligación deberán hacer frente a multas de hasta 1.400 euros y los que no estén inscritos en el registro, de 6.000

El Consell de Garanties Estatutàries considera inconstitucional que la Generalitat o los entes locales establezcan un tiempo de precontratación del servicio

El PSOE cree que el PP quiere devolver al Gobierno la regulación de VTC porque "es incapaz de gobernar Madrid"

Barcelona aprueba su reglamento para las VTC

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado este martes inicialmente la normativa con la que va a regular el servicio de VTC, y que fija en una hora la antelación con la que deben contratarse estos vehículos. El ente, presidido por Ada Colau, mantiene así su voluntad de ampliar para la capital catalana y sus alrededores el tiempo de precontratación de 15 minutos que estableció la Generalitat para toda Catalunya en su decreto, y que provocó a principios de febrero la marcha de Uber y Cabify.

La normativa metropolitana, que deberá votarse definitivamente en el pleno en marzo, ha recibido este martes los votos favorables de los 'comuns', PSC y la CUP. El PDeCAT y ERC se han abstenido, alegando que el decreto de la Generalitat todavía no se ha validado en el Parlament, y el PP y Ciudadanos han votado en contra. 

La AMB sigue adelante de esta forma con el reglamento pese a que justo este lunes el Consell de Garanties Estatutàries emitió un dictamen, de carácter consultivo, en el que considera que la precontratación de 15 minutos decretada por el Govern, así como la posibilidad de que los entes locales lo ampliaran, es inconstitucional. Concretamente, el Consell, que analizó el decreto a petición de Ciudadanos, sostiene que esta antelación en la contratación va en contra del derecho a la libertad de empresa.

La precontratación de una hora para los servicios de VTC en Barcelona, anunciada por Colau en plena huelga de taxistas, fue una de las medidas que permitió desencallar las negociaciones entre estos y la Generalitat, que no se movió de los 15 minutos. Sí incluyó una disposición adicional en su decreto, aprobado el pasado 30 de enero, en la que dejaba por escrito que las administraciones locales tenían potestad para ampliar ese intervalo de tiempo de forma justificada.

El reglamento, que establece las condiciones de explotación de las VTC en el área metropolitana, despliega varios de los artículos que recoge el decreto del Govern. Uno de ellos es el de la prohibición de la geolocalización de estos coches por parte de los usuarios, un veto que recogía la norma de la Generalitat y que reafirma el reglamento del AMB. "No se puede implantar ni practicar la geolocalicazión que permite a los clientes situar con carácter previo a la contratación los vehículos disponibles", reza la normativa.

Del mismo modo, también prohíbe que los vehículos que estén sin prestar servicio vayan circulando por la ciudad o traten de captar clientes. “Cuando no estén contratados previamente o prestando servicio, los vehículos deberán permanecer estacionados fuera de las vías públicas, en aparcamientos o garajes”, recoge el texto. Tanto esta medida como la de la geolocalización también fueron recurridas por Ciudadanos al Consell de Garanties Estatutàries, pero en este caso el organismo no consideró que colisionen con la Constitución.

Con el nuevo reglamento se habilitan también dos registros, el de Vehículos y el de Servicios. El primero servirá para tener constancia de todas las licencias que prestan actividad en el área metropolitana. El segundo registrará la actividad de los coches, que a través de un dispositivo georeferenciado deberán facilitar información sobre todos los trayectos realizados y las horas de contratación, recogida del usuario y finalización del servicio. Este último estará "conectado telemáticamente" con los de la Generalitat y la Administración general del Estado. 

La normativa de la AMB prevé sanciones de hasta 6.000 euros para los vehículos que circulen sin estar inscritas sus licencias en el registro. Se considerará una falta muy grave, lo mismo que los que se nieguen a facilitar la actuación de los servicios de inspección o que pongan en peligro la seguridad de las personas, por ejemplo conduciendo bajo los efectos del alcohol o de otras drogas. 

Si incumplen el tiempo de precontratación de una hora o si no están inscritos en el registro de servicios, la falta se considerará grave y se sancionará con hasta 1.400 euros. 

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