Joan Carles Gallego (CCOO) y Camil Ros (UGT) ven agotada la Constitución de 1978 por su giro antisocial
Joan Carles Gallego, secretario general de CCOO de Catalunya ha declarado este viernes que los cambios aplicados a la Constitución de 1978 y la interpretación que desde el Tribunal Constitucional se hace de esta norma la ha convertido en un texto agotado que se debería cambiar. A su vez, Camil Ros, secretario general de la UGT consideró que habría que obviar algunas decisiones antisociales adoptadas por el Alto Tribunal.
Gallego ha hecho estas declaraciones en el fin de una rueda de prensa donde ha anunciado los actos a celebrar para conmemorar el día del Trabajo digno.
“La Constitución de 1978 decía en uno de sus artículos capitales, el 11, que este es un Estado social de derecho, pero la interpretación que vemos que se hace desde el Constitucional lo desmiente”, ha dicho, tachando la lectura actual de la norma como de antisocial. El líder sindical ha puesto varios ejemplos para apoyar su afirmación.
“Cuando llegan cuestiones al Constitucional sobre derechos laborales, como la que se deriva de las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, fuentes cercanas al tribunal quieren hacer una interpretación recorte argumentando que una lectura literal perjudicaría los intereses de las grandes empresas”. También ha recordado el cambio que se hizo una noche de verano del artículo 135 que ahora prioriza el pago de la deuda exterior a los gastos sociales como las pensiones o mantener el Estado de Bienestar. El tercer clavo en el ataúd de la desconfianza respecto a la Constitución de 1978 lo ponía viernes el anuncio del Alto Tribunal de mantener la suspensión de los artículos de la ley de vivienda de Catalunya que debían garantizar los suministros básicos para las personas afectadas por los desahucios.
Camil Ros, que estaba al lado de Gallego hizo un llamamiento para que en Catalunya las empresas suministradoras y bancos obvien la suspensión de la ley adoptada por el Constitucional y no cobren los suministros a las familias que podrían ser expulsadas de sus hogares. Los dos dirigentes sindicales censuraron que la argumentación para suspender la ley defienda que mantenerla perjudicaría “el funcionamiento y estabilidad del sistema financiero”.
Gallego terminó su intervención vinculante la desafección al Alto Tribunal a las decisiones adoptadas en el contencioso entre Catalunya y España y recordó que los asuntos políticos deberían solucionarse políticamente y no a través actuaciones legales, dijo.
