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Ada Colau empieza a multar entidades financieras por tener pisos vacíos

Ada Colau con Josep Maria Montaner, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona

João França

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha anunciado este miércoles nuevas medidas para garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad. Por el momento, el gobierno municipal ha impuesto las primeras 12 multas de 5.000 euros a entidades financieras para tener pisos vacíos durante más de 2 años. Esta medida es posible gracias a la Ley catalana del Derecho a la Vivienda aprobada por el Tripartit, que los consistorios sólo comenzaron a aplicar años más tarde con la presión de la PAH y ahora se aplica por primera vez en la capital catalana.

El ayuntamiento comunica que las sanciones se aplican después de haber abierto los correspondientes expedientes sancionadores y una vez ha sido comprobado que se trata de viviendas que llevan más de 2 años vacíos y pese a inspecciones y avisos del Ayuntamiento no se han alquilado. Se han puesto 7 multas a la Sareb, 4 al BBVA y una al Banc Sabadell. Aparte de los 12 ya multados, el consistorio tiene 62 expedientes en proceso de incoación.

Por otra parte, Colau ha comunicado que dedicarán 3,5 millones de euros a la compra de pisos a través del mecanismo de tanteo y retracto –que da preferencia a la administración ante cualquier otro comprador a adquirir una vivienda por el mismo precio– para dedicarlos al alquiler social. La Generalitat decretó el pasado mes de marzo el derecho a tanteo y retracto para los pisos provenientes de desahucios. Esta fue su respuesta a la amenaza de los fondos buitres, que estaban adquiriendo pisos por entre 5.000 y 20.000 euros. Barcelona ya ha adquirido 7 viviendas de un paquete de 17.

1.000 pisos de alquiler social cada año

El nuevo gobierno municipal ha anunciado que está acelerando el ritmo de construcción de nuevas viviendas de alquiler social. El objetivo establecido por Colau es alcanzar una cifra de 1.000 viviendas iniciadas y 1.000 acabadas cada año. El consistorio apunta que hasta el 2011 la construcción se había aproximado a estas cifras, pero en 2012 bajó drásticamente a 300.

Hace un año las entidades sociales criticaban la apuesta del gobierno de Trias por la construcción como respuesta al problema de la vivienda. Este miércoles la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona ha hecho un comunicado en el que celebra la mayoría de medidas impulsadas por Colau, pero critica que la construcción “no puede ser el principal mecanismo para incrementar el parque público de alquiler social, ni para abordar la emergencia habitacional”. “La construcción de pisos encarece y alarga en el tiempo el momento de disponibilidad de unas viviendas que necesitamos hoy”, cuestiona la plataforma.

En cambio defienden la vía del tanteo y retracto abierta por el ayuntamiento, que ha hecho hincapié en la necesidad de movilizar las viviendas vacías en la ciudad. Las multas a las entidades financieras tienen ese objetivo, pero, además, la alcaldesa empezó el mandato reuniéndose con entidades financieras para buscar acuerdos que permitieran dedicar los pisos que tienen vacíos al alquiler asequible.

Ayudas al pago del alquiler

Finalmente, el Ayuntamiento ha anunciado un incremento de la partida destinada a las ayudas del alquiler. El presupuesto actual contempla destinar 6 millones de euros a este objetivo, una partida que el nuevo gobierno quiere ampliar en un millón más, para poder llegar a las familias que en este momento no tienen ningún ingreso.

Más allá de las medidas presentadas, la PAH ha lamentado que la alcaldesa no haya hecho mención a la ILP impulsada por la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, ahora convertida en ley. “Vemos con especial preocupación el desconocimiento de las posibilidades que la ley 24/2015 brinda a los municipios para actuar ante la emergencia habitacional, y es por eso que pedirá una reunión con la alcaldesa y el concejal de vivienda para poder explicarles con todo detalle esta ley”, dicen en su comunicado, donde también destacan la necesidad de abordar la situación de las familias que viven ocupando en precario porque no pueden acceder a una vivienda.

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