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CATALUNYA

Un Xavier Crespo arropado por Convergència va a juicio por sus contactos con la mafia rusa

La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para el exalcalde de Lloret de Mar por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación por un trato de favor a una trama de la mafia rusa

No ha dimitido como diputado en el Parlament hasta que se ha fijado la fecha del juicio oral, tal como establece el laxo código de transparencia de Convergència

Xavier Crespo (CiU) renuncia a su escaño en el Parlament tras ser llamado a juicio por cohecho

Xavier Crespo, a la izquierda, con el portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull.

La Fiscalía Anticorrupción, varios juzgados de instrucción y la Sindicatura de Cuentas han husmeado en la gestión del convergente Xavier Crespo como directivo sanitario y como exalcalde de Lloret de Mar, pero éste se ha mantenido impasible como diputado en el Parlament hasta que, en plena campaña de las municipales, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ordenó que se le abriera juicio oral.

Este miércoles, Xavier Crespo se sentará en el banquillo de los acusados para responder del supuesto trato de favor que, en sus tiempos de alcalde de Lloret de Mar (Girona), dio a los negocios inmobiliarios de una trama de la mafia rusa, que le recompensó con generosos regalos.

La Fiscalía pide para Crespo una pena de dos años y medio de cárcel, 17 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, una multa de 831.600 euros y que devuelva los supuestos sobornos que recibió a través de Andrei Petrov. Este es un empresario de origen ruso residente desde hace una quincena de años en Lloret de Mar, que comenzó con una churrería y ha acabado como promotor inmobiliario, y que los investigadores consideran testaferro de una trama de la mafia rusa que opera en la Costa Brava.

En su declaración a la Guardia Civil, Petrov relató que Crespo recibió, cuando era alcalde de Lloret de Mar, varios obsequios entre los que destacan dos viajes a Rusia: uno con su esposa y de uno de sus hijos, que contó con excursiones en helicóptero y cenas con espectáculo de danzarines zíngaros; y otro en compañía de los entonces concejales de Urbanismo, Josep Valls, y de Turismo, Romà Codina, hasta ahora alcalde de Lloret de Mar.

A diferencia de Crespo y de Valls, imputados por cohecho y prevaricación, sobre Codina no se ha formulado ninguna acusación, pero, aún así, decidió no volverse a presentar a las últimas elecciones municipales.

La Fiscalía considera que Crespo y Valls dieron "facilidades administrativas" a la empresa de Petrov, incluida una rebaja de 133.000 euros en impuestos, para que construyera un centro comercial y un parking en la antigua plaza de toros de Lloret de Mar.

Nuevo código de transparencia

En cumplimiento del código de transparencia de Convergència, Crespo se ha visto obligado a renunciar a su escaño del Parlament en el preciso momento en que el TSJC ordenaba que se le abriera juicio oral. La vista se ha programado en dos fases: este 3 y 4 de junio, se abordarán cuestiones preliminares, en presencia de todos los imputados; y del 30 de junio al 7 de julio prestarán declaración los testigos.

En febrero pasado, Convergència anunció la adopción de un código de conducta interno, por el que los imputados pueden mantenerse en los cargos e, incluso, presentarse a listas electorales hasta que no se ordene la apertura de juicio oral, momento en que están obligados a renunciar a todas las responsabilidades políticas.

Convergència siempre ha apoyado a Crespo. Cuando CiU recuperó la Generalitat hace cuatro años, el entonces consejero de Interior, Felip Puig, anunció que Crespo sería su número dos, en calidad de secretario de Seguridad, pero éste nunca llegó a ocupar esta responsabilidad y el cargo quedó vacante, sin que nunca se hayan dado explicaciones convincentes. El año siguiente estallaba el caso Clotilde.

Hace unas semanas, cuando Crespo renunció al escaño, el presidente del grupo parlamentario de CiU, Jordi Turull, insistió en su "honestidad". No es la primera vez que sale en defensa de Crespo. Tal como reveló en su momento El País, Turull intervino personalmente para que un informe de la Sindicatura de Cuentas, que destapaba las irregularidades de Crespo en la Corporación de Salud Selva Maresme, quedara escondido en un cajón.

Historial de escándalos

Crespo cuenta con un largo currículum de escándalos, pero siempre han acabado sin consecuencias judiciales. Como gerente de la empresa pública Centros Médicos Selva-Maresme, Crespo y su esposa, Guadalupe Oliva, ambos médicos, recibieron en cinco años pagos irregulares por importe de 209.000 euros, según denunciaba un informe de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya fechado en 2006, pero del que no se tuvo conocimiento hasta cuatro años después. Las partes perjudicadas, entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Lloret de Mar y el departamento de Sanidad de la Generalitat cuando estaba encabezado por la socialista Marina Geli, renunciaron a pedir responsabilidades y, incluso, actuaron a favor de Crespo . El caso ha quedado enterrado.

Como alcalde de Lloret de Mar, la Fiscalía de Medio Ambiente de Girona actuó contra las obras de Can Juncadella, una mansión de lujo propiedad de un ex primer ministro de Kazajstán que disfrutó de manga ancha por parte del consistorio lloretense, hasta el punto de tolerar nuevas construcciones y un cambio de trazado del camino de ronda, todo ello en un paraje protegido por su interés natural. En las obras intervino el arquitecto Josep Maria Crespo, hermano del entonces alcalde. La Fiscalía imputó dos técnicos. El Parlamento de Cataluña llegó a acordar por unanimidad paralizar las obras de Can Juncadella en marzo de 2013, sin embargo, un mes después, un juzgado de instrucción de Blanes archivó las diligencias y, con posterioridad, otro juzgado de Girona también optó por el archivo de otra denuncia. Los kazajos ganaron la partida.

La basura, por las nubes

Tras estallar el caso Clotilde, la Fiscalía Anticorrupción investigó la adjudicación del servicio de recogida de basuras de Lloret de Mar a la empresa GBI Serveis por 80 millones de euros durante un periodo de 10 años. Esta adjudicación se aprobó en trámite de urgencia en el último pleno antes de las municipales de 2011, cuando era posible renovar la concesión dos años más a la misma empresa, que ya realizaba el trabajo desde hacía casi una década. Los lloretenses pagan una de las tasas más altas por el servicio de recogida de la basura de toda España. El propietario de GBI Serveis es Gustavo Buesa Ibáñez, que fue imputado por el juez Pablo Ruz en el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional sobre Jordi Pujol Ferrusola.

En su primera declaración al juzgado cuando el caso Clotilde estaba en fase de instrucción, el fiscal preguntó a Crespo por supuestas operaciones dinerarias en las islas Caimán, pero este asunto ha quedado archivado, como tampoco se ha vuelto a hablar de la donación de 100.000 euros que hizo la promotora Nueva Lloret a la Fundación Trias Fargas (actual CatDem), vinculada a Convergència. Casualmente, el Ayuntamiento gobernado por Crespo le desatascó un proyecto.

En el juicio que comienza este 3 de junio, Crespo sólo tendrá que responder por sus relaciones con Andrei Petrov y con su supuesto jefe, Viktor Kanaikin, que fue quien le invitó a Rusia. El caso Clotilde probablemente ha tenido mucho que ver con los resultados electorales del 24 de mayo en Lloret de Mar: CiU ha vuelto a ser la primera fuerza, pero con pérdida de votos y un concejal menos, sólo 6 en un consistorio de 21 que se los reparten 8 formaciones diferentes. Un Ayuntamiento difícilmente gobernable.

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