El Govern cierra dos residencias por “graves irregularidades” en la atención a los ancianos durante la epidemia

El Govern ha decidido este viernes cerrar las residencias de Ullastrell y Sant Adrià, ambas en la provincia de Barcelona, al constatar que no cumplen los requisitos establecidos para garantizar los derechos de los ancianos residentes, en el marco de la crisis de la COVID-19.

Así lo ha informado el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, que ha indicado que el cierre es una medida cautelar hasta la resolución definitiva de los expedientes sancionadores abiertos a estas dos residencias “por las graves irregularidades detectadas en el funcionamiento y organización de los centros durante la emergencia sanitaria de la COVID-19”, que no describe.

La residencia de Ullastrell está gestionada por la empresa Apaser Residencial y la de Sant Adrià, por la empresa Residencia Sant Adrià S.L.. En ambas se ha producido un alto número de ancianos fallecidos, lo que obligó a la intervención de las mismas por parte de la Generalitat.

La primera es un centro privado con 34 plazas, 19 de las cuales son públicas, y fue intervenida el pasado 16 de abril, cuando sustituyó a la gestora por otra entidad, la Fundación Vallparadís, “con el objetivo de reconducir la situación en que se encontraba el centro por la afectación de la COVID-19”, ha indicado Asuntos Sociales aunque sin precisar en qué condiciones hallaron a los ancianos que residían allí.

Tras inspeccionar este centro, el Departamento abrió un expediente sancionador a Apaser Residencial el 3 de junio por cinco presuntas infracciones graves y once presuntas infracciones muy graves, que pueden ser sancionadas con multas de entre 4.000 y 7.900 euros, además del cierre temporal por cuatro años.

La Residencia Sant Adrià también es un centro privado, con 25 plazas, de las que 20 son de financiación pública. Fue intervenida el 31 de marzo y la gestión se traspasó al Consorcio de Salud y Social de Cataluña.

En este centro se detectaron dos presuntas infracciones graves y ocho muy graves, que comportan las sanciones de 4.000 y 7.900 euros, respectivamente, y el cierre por cuatro años. El Departamento también ha optado por el cierre porque “no se puede asegurar que las direcciones de los centros garanticen también los derechos de los trabajadores.