Millet se sienta en el banquillo de los acusados por el caso del Hotel Palau
Han pasado casi cuatro años desde el breve paso de Fèlix Millet y de su mano derecha, Jordi Montull, por la prisión de Brians 2 de Barcelona. Era un capítulo más de la imparable caída del exdirector y saqueador confeso del prestigioso Palau de la Música Catalana. Durante años, Millet y Montull llegaron a desviar hasta 24 millones de euros gracias a su posición en esta institución emblemática de la burguesía catalana. Sin embargo, su fugaz encarcelamiento –que finalmente duró sólo 13 días– no estuvo relacionado propiamente con el saqueo del Palau, sino que tuvo en su origen el caso Hotel Palau, un caso de presunta corrupción urbanística que llevará a Millet y a Montull este lunes a sentarse en el banquillo de los acusados. El fiscal pide 10 años y 2 meses de cárcel para los dos, por tráfico de influencias, falsedad, apropiación indebida y prevaricación.
No se trata del juicio principal al que se enfrentan los exmandatarios del Palau, pero tiene un interés particular para los vecinos de Barcelona, que se quejan desde hace años de la multiplicación de los hoteles en el centro de la ciudad. Fue la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo la que presentó una denuncia por la modificación del Plan general metropolitano (PGM) que afectaba a tres fincas de la calle Sant Pere Més Alt de Barcelona, frente al Palau. Esta modificación había de permitir el cambio de uso de las fincas para poder edificar allí un hotel, en una zona de especial interés turístico.
Pero las investigaciones del caso Palau condujeron a importantes revelaciones. Se supo entonces que la institución había adquirido estas fincas de parte del Institut de Germans de les Escoles Cristianes, al cual Millet y Montull habían prometido la reforma de otra escuela gestionada por esta congregación. Los dos socios usaron su influencia política, que se apoyaba en el prestigio del Palau, para obtener la modificación urbanística necesaria. En 2006, se firmó un convenio a tres bandas entre el Palau, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, representada por el entonces conseller de Economia, el socialista Antoni Castells, para empezar las obras del hotel.
La modificación del PGM se siguió tramitando en el consistorio pero obviaba un detalle importante que se conoció luego. La titularidad de la finca en ese momento ya no era de la Fundación Palau como aparecía en la documentación usada para los trámites sino de la empresa Oliva Hotels, que había pagado, según la fiscalía, la cantidad de 900.000 euros después de una licitación privada. Este dinero nunca fue a parar a la Fundación Palau sino que se lo embolsaron en su totalidad Millet y Montull.
Imputación de altos cargos del Ayuntamiento
Fue después de estas revelaciones que la jueza encargada del caso decidió la imputación del entonces teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon García-Bragado (PSC), y de dos altos cargos de Urbanismo en el Ayuntamiento, Ramon Massaguer y Enric Lambies. El fiscal pide ahora 4 años y 7 meses de cárcel para ellos. Les acusa de prevaricación (dictar resoluciones a sabiendas que son injustas) y falsedad documental porque, en su opinión, ellos eran necesariamente conocedores de la titularidad real de las fincas. García-Bragado lo niega y afirma que, de haberlo sabido, no habría cambiado nada porque el procedimiento se encontraba en fase de planteamiento.
El caso también estuvo marcado por la dimisión de la concejal de Ciutat Vella Itziar González, que había entrado en el Ayuntamiento por las listas del PSC, aunque no pertenecía al partido. González denunció entonces las diferentes presiones que recibió para que se pronunciara a favor del proyecto.
Para la asociación de vecinos del Casco Antiguo, este juicio tiene una connotación política. “Queremos sacar a la luz la confluencia de intereses entre las élites económicas y políticas”, dice Jaume Asens, abogado de la entidad vecinal, que actúa como acusación popular. Los vecinos de esta zona céntrica de la ciudad denuncian regularmente la presión urbanística provocada por el turismo. Recientemente se han opuesto al nuevo Plan de Usos, que amplía las zonas para establecer hoteles o negocios relacionados con el turismo.
