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CATALUNYA

La nueva operación contra el 3% de Convergència apunta a contratos del mandato de Trias en Barcelona

La Guardia Civil desarrolla una nueva fase de la operación contra la financiación irregular de Convergència en la que se investigan las obras del túnel de Glòries, entre otras

Entre los arrestados están Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona, y dos miembros del círculo más próximo de Artur Mas en la antigua Convergència

La Fiscalía defiende la operación por los informes de Guardia Civil, el último de hace seis días, sobre el "perjuicio" que la trama ha causado a los catalanes

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Detienen al tesorero de CDC y registran sede por presunto cobro de comisiones

Registro de la Guardia Civil en la sede de la antigua de CDC en octubre de 2015 EFE

Nueva fase en el caso del 3%, que investiga si la antigua Convergència se financió ilegalmente a través de comisiones a cambio de obra pública. La Guardia Civil ha detenido este jueves al presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Sixte Cambra, y a Francesc Sànchez y a Antoni Vives, miembros del círculo más próximo de Artur Mas en CDC. En total la Guardia Civil ha detenido a 18 personas, entre cargos políticos y empresarios.

En la operación, dirigida por el juzgado número 1 de El Vendrell, se han practicado alrededor de 30 registros, algunos en varias empresas públicas. Entre ellas, la empresa de obra pública de la Generalitat, Infraestructures.cat; la del Ayuntamiento de Barcelona, Bimsa; y la propia Autoridad Portuaria de Barcelona.

Entre las obras públicas investigadas que ha podido confirmar este diario está el túnel de la plaza de las Glòries de Barcelona. Bimsa adjudicó por 50 millones de euros en febrero de 2015 –a tres meses de las municipales– la primera fase del proyecto a una Unión Temporal de Empresas entre las que figura Comsa, una de las empresas donde se están practicando registros este jueves.

En Bimsa, donde a media tarde continuaba el registro, los investigadores han requerido por lo menos otros cuatro expedientes, según fuentes conocedoras del caso, referentes a las obras de la avenida del Paralelo, de la calle Lluçà en el barrio del Carmel, del paseo del Mirador de les Aigües y la construcción de un carril bici en la Sagrera. Por otro lado, en el caso del Puerto las investigaciones se centran en contratos del dique este.

Las detenciones afectan a la sala de máquinas de la antigua Convergència y a la cúpula de Urbanismo del mandato de Trias. Y es que además de Cambra, Sànchez y Vives, este jueves han sido detenidos el extesorero de Convergència, Andreu Viloca –que también fue arrestado en la anterior fase de la operación, en octubre de 2015–; el exgerente del Ayuntamiento de Barcelona, Constantí Serrallonga; y el director general y el jefe técnico de infraestructuras de Bimsa, Ángel Sánchez y Ernest Santolaria. Asimismo, el exdirector general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, que ya estaba investigado en el caso, ha sido detenido de nuevo este jueves.

Entre los empresarios detenidos figuran Xavier Tauler, de Copisa; José María Zaragoza, de Oproler, y Josep Manuel Bassols, que también fue arrestado en la anterior fase del caso Petrum y es el marido de la excomisionada de Transparencia de la Generalitat.

Siete detenidos han sido conducidos a lo largo de este jueves a dependencias policiales de Tarragona: Viloca, Vives, Rosell, Sànchez, Tauler, Bassols y el empresario Fèlix Pasquina. Todos ellos ya estaban siendo investigados en la causa de la que se encarga el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell.

Según una nota de la Fiscalía Anticorrupción, son siete los supuestos delitos que se investigan. En concreto, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

En total, fuentes judiciales han indicado que el juzgado ha acordado la práctica de varios registros, solicitados por la Fiscalía, en 12 poblaciones: Barcelona, Madrid, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lleida, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Berga y Majadahonda. El juez no ha acordado ninguna detención y la causa se mantiene secreta, aunque la Guardia Civil puede practicarlas si considera que hay indicios que las justifican durante los registros ordenados por el magistrado.

Registros y detenidos

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha estado presente en el registro al Puerto de Barcelona. Sixte Cambra, actual presidente del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona, ha sido detenido tan solo mientras duraba el registro, y ya ha quedado en libertad. La trayectoria de Cambra está ampliamente ligada a la antigua convergencia: fue senador de CiU entre los años 1993 y 2004. También fue vicepresidente del F.C. Barcelona y organizador del trofeo de tenis Conde de Godó.

Francesc Sànchez era la mano derecha de Artur Mas en la antigua Convergència, donde fue coordinador de régimen interno. Dejó la primera línea de la política el año pasado tras la refundación de CDC con la creación del Partit Demòcrata Catalá. Por su parte, Antoni Vives fue teniente de alcalde de Urbanismo y Habitat Urbano durante el mandato de Xavier Trias en Barcelona. Tras la victoria de Ada Colau fundó una consultora.

Comisiones a cambio de obra pública

La operación de este jueves supone una nueva fase del caso Petrum o del 3%, que investiga el presunto pago de comisiones irregulares a la antigua CDC a cambio de obras públicas. Inicialmente las pesquisas se limitaban a pagos sin justificar al alcalde convergente de Torredembarra (Tarragona) por parte de empresas de Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, una de las fundadoras de CDC.

En una caja fuerte de Jordi Sumarroca los investigadores encontraron un listado manuscrito con una veintena de adjudicaciones de la Generalitat entre 2002 y 2003 en el que se indican supuestos pagos del 3% a una persona identificada como "J.P.".

Tras este hallazgo, en octubre de 2015, el caso pasó del ámbito local al autonómico. La Guardia Civil registró la sede de la empresa de obra pública de la Generalitat, Infraestructures.cat. Su director general, Josep Antoni Rosell y el tesorero de CDC, Andreu Viloca, fueron detenidos, así como siete directivos de Copisa, Urbaser, Rogasa, Construcciones, Grupo Soler, TEC4 y Oproler. La Fiscalía sospecha que los empresarios camuflaron como donaciones al partido y a fundaciones afines lo que en realidad serían mordidas a cambio de obra pública.

Con la detención de Viloca, el tesorero de CDC y de la fundación CatDem, los investigadores subieron un importante peldaño. La Fiscalía Anticorrupción ha hecho pública esta tarde una nota en la que asegura que de la documentación incautada en ambos puestos de Viloca se desprende el "control exhaustivo" que éste hacía de las adjudicaciones que hacían las administraciones gobernadas por el partido de Mas. 

Anticorrupción y la Guardia Civil creen que era el tesorero de CDC "quien controlaba de forma sistemática los pagos que, serían, de confirmarse, sobornos bajo la apariencia de donaciones a través de sus fundaciones vinculadas, CatDem y Forum Barcelona", recoge la nota. Así queda acreditado, continúa el Ministerio Público, en la documentación incautada en la fase de la operación que se desarrolló en el verano de 2015.

Momento y motivo de las detenciones

El último informe de la Guardia Civil de los que han motivado esta operación está fechado el 27 de enero pasado, hace tan solo seis días. Según ha concluido el instituto armado, los concursos se redactaban después de haber sido acordados con las empresas. Los investigadores detectan, entre otros, delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación entre otros. 

Los informes de la Guardia Civil, añade la Fiscalía, "aportan información fundamental" que ha hecho necesarias las detenciones y registros, encaminados éstos los presuntos amaños en adjudicaciones y la "distracción de dinero público, con perjuicio de los ciudadanos, particularmente de los catalanes".

La Fiscalía también aclara que ha sido este organismo el que ha ordenado a la Guardia Civil las detenciones y que lo hace, de acuerdo a una instrucción de 2008, para "asegurar la fuente de prueba", es decir, que los investigados no puedan destruir evidencias y, por otro, "calibrar la necesidad de solicitar del juzgado nuevas medidas de carácter personal". O lo que es lo mismo, poder sopesar durante los registros si solicita al juez el envío a prisión u otras medidas cautelares.

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