El Parlament aprieta el acelerador para aprobar la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía
Las entidades que impulsaron la iniciativa legislativa popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) han recuperado la esperanza de que su propuesta se convierta en ley antes de que acabe la legislatura tras el impulso que han supuesto las quince comparecencias de este miércoles 8 de abril en la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración. Este empujón a la tramitación rápida de la ley se ha producido después de que el Parlamento aprobara hace un mes que todas las comparecencias se hayan sustanciado ante la Comisión antes del próximo 27 de abril.
Este acuerdo se produjo después de que, el 4 de marzo, se presentase una Carta Pública firmada por personalidades y entidades impulsoras de la ILP exigiendo que se aceleraran los trabajos de la comisión. Para que se cumplan los plazos reclamados por el Parlamento, deberán comparecer todavía una treintena de personas en las próximas dos semanas.
En la sesión de hoy se ha escuchado opiniones contradictorias. De un lado, los responsables del Gobierno que han intervenido se han mostrado convencidos de que el proyecto no se puede concretar hoy por hoy, mientras que los portavoces de entidades como la Federación de Entidades de Atención y Educación a la Infancia y a la Adolescencia (FEDAIA), la Red de Economía Solidaria de Catalunya o la Red de la Renta Básica de Valencia han defendido su necesidad e, incluso, urgencia.
En persona en la sala donde se ha reunido la Comisión o a través de videoconferencia se han escuchado las reflexiones de sociólogos como Sebastià Sarasa, Eduardo Rojo, Pau Marí-Klose y Albert Sales y la de conocedores de la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco, como Luis Sanzo o Fernando Fantvba. Sanzo ha afirmado que esta renta de garantía de ingresos, que llega a muchos más ciudadanos que la PIRMI catalana, ha sido una herramienta útil para combatir el paro y “ha evitado que el País Vasco se convirtiera en una especie de Detroit”.
Entre los partidarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía hay, sin embargo, discrepancias. Así, Paco Estellés, vicepresidente de la Fedaia, ha defendido que si la RGC no se puede aplicar de forma universal habría que priorizar que accedan a ella las familias con hijos a su cargo, propuesta con la que ha coincidido Rafael Pinilla, de la Red de Renta Básica, pero Luis Sanzo lo consideraría una equivocación.
Por parte del Gobierno catalán, Francesc Coll, jefe del órgano técnico interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción, ha llegado a calificar la RGC de no ser ni coherente ni oportuna. A su entender, puede enquistar la pobreza y crear dependencia. También se ha mostrado refractario a ella el director de la Red Ocupacional del Servicio de Ocupación de Catalunya, Jesús Quiroga, que ha dicho que “antes de embarcarse en el camino de la RGC hay que racionalizar las ayudas y garantizar políticas sociales complementarias”.
Ante sus posicionamientos, en línea con la actitud de la portavoz de CiU en la comisión, Anna Figuera, quizás la Ley que regule la Renta Garantizada de Ciudadanía se apruebe antes de que se disuelva el Parlamento pero puede que no satisfaga las aspiraciones de las entidades que recogieron más de 120.000 firmas para que fuera sometida a debate parlamentario. Y la aspiración de David Casassas, de la Red de Economía Solidaria de Catalunya, de conseguir “una existencia que no esté basada en imposiciones por parte de nadie, gracias a una renta básica suficiente e incondicional que nos ayude a constituir un país de personas libres ”, se pierda por el camino de los debates parlamentarios.
