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Puigcerdà, 127: a la espera de agua corriente y de una vida digna

Los vecinos del Poblenou organizaron este domingo una fiesta para pedir al Ayuntamiento de Barcelona que haga llegar agua corriente al asentamiento de la calle Puigcerdà. / Maria Alzamora

Pau Rodríguez

Barcelona —

“La situación de los inmigrantes en las naves del Poblenou es abominable”. Esta frase la pronunció Mutuma Ruteere, relator de la ONU sobre racismo y xenofobia, en su reciente visita a Barcelona. “Este sitio es un desastre, la gente sufre aquí, y nadie lo sabe”. Quien habla ahora es Cissé, de 29 años y uno de los cientos de personas que malviven en la nave industrial que ocupa el número 127 de la calle Puigcerdà. “Si al menos tuvieramos agua...”, dice, mientras acepta un vaso de chocolate caliente.

Al innegociable ritmo de reggae transcurre la fiesta que organiza la Asamblea de Apoyo contra los Desalojos en el Poblenou, la 'Festa de l'aigua', un encuentro que además de llenar las barrigas de chocolate un domingo por la mañana ha de servir para que el Ayuntamiento de Barcelona dé respuesta a la petición vecinal de que llegue el agua corriente a esta fábrica abandonada de la calle Puigcerdà, el mayor asentamiento de la ciudad, bajo cuyo deteriorado techo duermen a diario unas 120 personas, la mayoría de procedencia subsahariana, según las cuentas de la Cruz Roja. De momento, el consistorio barcelonés se niega a facilitarles el agua aduciendo que la nave ocupada es de una propiedad privada.

Desde la asamblea de apoyo a los ocupantes lo ven como una cuestión de “dignidad” y de “salubridad”, y a la vez como la única solución para evitar las quejas de algunos vecinos de la zona, molestos porque hasta ahora los habitantes de la nave se ven obligados a recurrir a las fuentes públicas de los alrededores. “Nos da verguenza ir a la fuente: entendemos que la gente que paga sus facturas se moleste porque yo les coja el agua”, razona Cissé, “pero aquí estamos y tenemos unas necesidades”, concluye.

En Barcelona hay un total 62 asentamientos como el de la calle Puigcerdà, según las cifras que maneja la Administración, y en ellos malviven más de 700 personas. Buena parte de estas infraviviendas se encuentran en el barrio del Poblenou, antigua zona industrial con numerosas naves abandonadas y vacías, y quienes se alojan en ellas se dedican mayoritariamente a recoger y vender chatarra. De hecho, uno de los principales enclaves del negocio es precisamente el número 127 de la calle Puigcerdà, por donde se calcula que pasan cada día unas 300 personas. La 'Festa de l'aigua' se desenvuelve ante el incesante trajín de chatarra y demás materiales y objetos de lo más variopintos.

“No podemos vender una Barcelona guapa escondiendo y persiguiendo a los más vulnerables”, se exclama Manel Andreu, miembro de la red de apoyo contra los desalojos del Poblenou. Esta asamblea se constituyó a raiz de los últimos desalojos que se produjeron en el barrio, uno de los cuales acabó con ocho detenidos por los Mossos de Esquadra y el encierro temporal del joven Yussif en el CIE de la Zona Franca. “A los inmigrantes que viven en nuestro barrio se les persigue y se les violenta constantemente”, reza el manifiesto que ha redactado la asamblea. “Mientras no tengan una vivienda digna, exigimos que se les permita disponer de un techo en los muchos espacios abandonados del barrio”, sentencian los vecinos.

Recelo ante en el plan municipal de asentamientos irregulares

El Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha en enero la segunda fase del plan municipal para acabar con los asentamientos irregulares -la primera fase fue básicamente de diagnosis-, pero los vecinos todavía se muestran “tan expectantes como recelosos”, según Andreu, porque de momento no ha habido demasiada concreción en las actuaciones del consistorio. La actual fase del plan consiste principalmente en la entrada en acción de la Cruz Roja, que durante seis meses llevará a cabo tareas de reinserción social y de ayuda humanitaria. Hasta ahora la organización ha convencido a algunas decenas de los habitantes a que se acojan al plan de inserción -incluye alojamiento temporal de urgencia y itinerarios laborales-, pero son muchos también los que desconfían. “La gente ha sufrido tanto que está muy tensa”, trata de explicar Cissé, “y sobre todo lo que no queremos es mendigar, queremos sudar y trabajar para poder vivir”, zanja.

Cissé, natural de Guinea Conakry, trata con orgullo de “crear entendimiento y paz” entre sus compañeros. Sabe que “la convivencia no es fácil”, y menos con tanta gente “sola” y de tan diferentes nacionalidades -más de veinte, según las entidades vecinales. A diferencia de la mayoría de los ocupantes, Cissé no es chatarrero, sino que se dedica a “la venta de cuadros”. Su amigo Eddy es el artista, él es el marchante, y juntos recorren en verano los paseos marítimos del litoral catalán en busca del dinero de los turistas con el que echarse algo a la boca.

Vacía la olla del chocolate -el reggae sigue sonando-, el artista Eddy ha aprovechado la mesa alrededor de la cual se han juntado la treintena de vecinos que han venido a la fiesta para desplegar su obra. Todo lo que está dispuesto a decir es que la elabora con arena de la playa de la Barceloneta; lo demás es “secreto profesional”. Son diez euros la pieza. “De lo que gano ahorro una parte, para poder un día tener un puesto legal”, asegura Eddy. “Todos tenemos nuestros sueños y esperanzas”, tercia Cissé.

“Cada día tengo que ir a la fuente con un cubo y volver y subir dos pisos para tener agua para mis necesidades”. A sus 32 años, Ali fue a parar a la nave de la calle Puigcerdà cuando le echaron del trabajo y, al poco tiempo, del piso que tuvo alquilado durante casi una década en el barrio del Clot. Eran 975 euros de alquiler al mes, que podía costearse mientras se empleaba en trabajos temporales de construcción o de jardinería. “Pero un día vino el jefe y dijo: 'Ali, no hay trabajo'”. Fue hace poco más de un año.

Desde entonces se ha planteado volver a su país, Malí, pero tampoco hay empleo, lo que hay “es la guerra”. “No me quiero quedar pero no puedo volver”, se lamenta. Tiene a toda su familia en su país, padres y hermanos, pero hace tiempo que no habla con ellos. Como la mayoría, se dedica a buscar chatarra por la ciudad, aunque dice que son demasiados los que se dedican a esta tarea como para que quede chatarra para todos. “Solo miseria”, dice.

En julio pasado hubo una tentativa de desalojo de la nave por parte de los Mossos d'Esquadra, pero se quedó solo en un aviso que la juez anuló. Fueron días de mucha tensión, y los movimientos vecinales quieren creer que fue la presión ciudadana la que hizo recapacitar a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona. Los ocupantes de las naves industriales del Poblenou temen a la policía sobre todo porque su actuación les puede llevar a ser enviados al Centro de Internamiento de Extrangeros (CIE) de la ciudad y, en el peor de los casos, deportados a su país. Para evitar esta incertidumbre, los vecinos se afanan en proclamar que “ninguna persona es ilegal, independientemente de si tiene papeles o no”, y argumentan que “a los inmigrantes que fueron la mano de obra barata para muchas de las infraestructuras que ahora disfrutamos no podemos echarlos en estos momentos difíciles”, todo ello recogido en el manifiesto que pedirán que firmen las entidades i colectivos locales.

“Quien tiene que venir no es la policía, es la gente de la ciudad”, pide Cissé, después de vender uno de los cuadros de su compañero Eddy a una vecina del barrio. “Necesitamos apoyo y sobre todo organización, porque de aquí no nos vamos a marchar”, afirma. Muchos de los residentes en la calle Puigcerdà tienen su confianza depositada en los vecinos comprometidos del distrito, dados los resultados hasta ahora, y por ello esperan que una mayor presión vecinal servirá para que la Administración atienda a sus peticiones. “Tienen que entender que nunca habíamos pensado que acabaríamos aquí, ¡se nos caen las lágrimas!”, se exclama el guineano.

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