En cuanto la huelga de este 24 de octubre haya quedado atrás, la comunidad educativa catalana comenzará a diseñar un futuro escenario de insumisión a la Lomce. Teniendo en cuenta que, siguiendo el calendario del Ministerio de Educación, la nueva normativa deberá aplicarse a partir del curso que viene, y ante la falta de un posicionamiento claro por parte de la Generalitat, los distintos actores de la comunidad tienen previsto trabajar en los próximos meses para consensuar una alternativa a la aplicación de la 'ley Wert' para trasladarla al Parlament de Catalunya.
Este trabajo se realizará dentro del MUCE (el Marc Unitari de la Comunitat Educativa), una plataforma que aglutina en Cataluña a los principales actores del sector: sindicatos de profesores, federaciones de padres y madres, entidades y asociaciones, movimientos de renovación pedagógica y estudiantes. En las próximas semanas, el MUCE tiene previstas tres reuniones para empezar a valorar las posibles formas de no acatamiento de la ley Wert.
“Estamos en un estadio muy embrionario”, reconoce Àlex Castillo, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Catalunya (Fapac), quien añade que apenas ha habido alguna “lluvia de ideas” antes de sentarse todos en una mesa para debatir sobre las alternativas a la aplicación de la ley. Pero ya de entrada, la mayoría lo ve como la solución “más revolucionaria y posible”, en palabras de Montse Ros (CCOO), para rechazar la reforma, en detrimento de otras opciones, como la huelga indefinida siguiendo la estela de los docentes de las Baleares.
La intención última de esta iniciativa es trasladar al Parlament de Catalunya una propuesta de insumisión en firme para que la Cámara lo apruebe y luego inste al Govern de la Generalitat a llevarla a cabo. No es la primera vez que el MUCE lleva un documento al Parlament: en junio esta plataforma ya consiguió que se aprobara un texto de rechazo a la Lomce (todos los grupos votaron a favor excepto PP y C's).
Sin embagro, antes de empezar a contactar con asesores jurídicos y expertos para diseñar los criterios de esta acción, los miembros del MUCE tienen un primer reto: consensuar cuáles son los puntos en común que se van a rechazar, puesto que a la práctica no se puede hacer insumisión a todos los aspectos de la ley, porque algunos escapan a la decisión de maestros y familias -la mayor competitividad entre centros, por ejemplo- y otros ya quedan recogidos en la ley de educación catalana, como el aumento de poderes por parte del director.
Ante esto, Pere Ferriol, portavoz de la asociación de padres y madres de secundaria (Fapaes), considera que un buen punto de partida, que genere un amplio consenso, sería el acuerdo al que se llegó en la última cumbre en defensa de la inmersión celebrada en el Palau de la Generalitat. Aquel fue un pacto básicamente contra cuarto invasiones competenciales, según denunció el departamento de Enseñanza: el desmantelamiento de la inmersión lingüística en catalán, la recentralización en la elaboración de currículos, los nuevos itinerarios al término de la ESO y las reválidas al final de la enseñanza obligatoria y de bachillerato.
La posición de la Generalitat, “determinante”En el combate que se pretende librar desde Cataluña contra la Lomce, “las sensaciones entre la comunidad educativa y la Generalitat se juntan y se confunden”, cuenta Jaume Aguilar, representante de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica (que aglutina a decenas de entidades y asociaciones). Aguilar se explica: “llevan padeciendo duramente recortes desde hace tres años, y los centros sufren muchísimo, pero aún así no se nos escapa que el papel de la Generalitat frente a la Lomce será determinante”.
Oriol Martín, de la Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), lo explica de otro modo: “En cierto modo debemos tender la mano a la Generalitat, pero siempre debe ser la comunidad educativa la que tome las decisiones, porque es quien más nos representa”, apunta.
Hasta ahora, la posición de la Generalitat ha sido de oposición frontal a la Lomce, pero no ha acabado de definir cuál será su actuación en cuanto la ley entre en vigor. Sin pronunciar la palabra insumisión, el día que se aprobó la Lomce la consellera Irene Rigau anunció, sin concretar demasiado, que pase lo que pase en las aulas catalanas se aplicará la legislación catalana. Paralelamente, Rigau también dijo que, en cuanto se publique la ley en el Boletín Oficial del Estado, la Generalitat pedirá un informe al Consejo de Garantías Estatutarias para recurrirla, si así lo considera este organismo, al Tribunal Constitucional.
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