La revocación de la adjudicación de ATLL a Acciona cuestiona la política de privatizaciones de Mas
La Generalitat revocará la adjudicación de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) al grupo liderado por Acciona y, por tanto, le tendrá que devolver los cerca de 300 millones de euros que ya han pagado y, encima, el conseller Andreu Mas-Colell se verá obligado a retocar las cuentas de la administración catalana porque, en el ejercicio del 2012, con el objetivo de reducir el déficit público, ya se “activaron” los 995 millones de euros que debía generar esta concesión en los 50 próximos años.
El caso ATLL confirma el fracaso de la política de privatizaciones diseñada por el consejero Mas-Colell, considerado una eminencia de las finanzas, graduado en la prestigiosa universidad de Minnesota y ex profesor de Berkeley y Harvard, si bien ha sido incapaz de cumplir con las previsiones que él mismo había anunciado: tras el fiasco de la venta de los lotes de edificios de la Generalitat, que sólo ha conseguido colocar a precio de saldo, ahora dan marcha atrás con la adjudicación de la empresa Aigües Ter-Llobregat, una concesionaria que suministra agua potable a 120 municipios catalanes con cerca de 5 millones de habitantes.
Después de un litigio judicial que ha durado cerca de dos años, con cuatro sentencias en contra de la adjudicación a Acciona, las dos últimas del Tribunal Supremo, la Generalitat ha decidido que revocará el contrato, aunque, según fuentes del mismo departamento de Mas-Colell, ahora mismo no hay posibilidad de hacer frente a las posibles indemnizaciones que reclamarán los adjudicatarios, liderados por Acciona, como socio tecnológico, y por el banco de inversiones brasileño BTG Pactual, que financiaba la operación.
En una carta, que lleva la firma del propio Mas-Colell, la Generalitat se comprometió en junio de 2013 a hacerse cargo de las indemnizaciones que fueran necesarias en caso de que se anulase la adjudicación de ATLL, no sólo los 298,6 millones abonados a toda prisa los últimos días de diciembre de 2012 para cuadrar el ejercicio de ese año y poder pagar los funcionarios, sino las compensaciones por las posibles ganancias futuras y por los gastos financieros de la operación.
Debilitamiento del gobierno de Mas
Fuentes convergentes reconocen que las sentencias del Supremo que obligan a revocar la adjudicación de la empresa ATLL debilitan más el gobierno de Artur Mas que las posibles acciones judiciales a consecuencia de la convocatoria de la consulta del 9-N, las cuales, precisamente, le han revitalizado ante sus electores. Estas fuentes señalan que, si Acciona y BTG Pactual se muestran intransigentes en el pago de las posibles compensaciones, aún por concretar, Artur Mas no tendrá más salida que continuar el proceso de privatizaciones o “arrodillarse” ante Cristóbal Montoro. No obstante, estas fuentes auguran que “no rodarán cabezas”, que no habrá dimisiones por el fracaso de la venta de ATLL: de los dos responsables políticos de esta operación, uno ya ha optado por irse a la empresa privada, Lluís Recoder -extitular de Política Territorial y Sostenibilidad- y, el otro, Andreu Mas-Colell, sencillamente no tiene sustituto porque, a estas alturas de la legislatura, sin socios para aprobar los presupuestos y cuando se está planteando un adelanto electoral, no hay nadie que desee este marrón y el propio presidente Artur Mas le ha tenido que suplicar que se mantenga en el cargo.
El actual conseller de Política Territorial, Santi Vila, que ha heredado el desaguisado de su antecesor Lluís Recoder, tiene ahora tres posibles salidas: convocar un nuevo concurso, adjudicar la concesión a Agbar –la otra contrincante, que fue derrotada por Acciona y que instigó los pleitos judiciales– o devolver la titularidad pública a Aguas Ter-Llobregat. De estas tres posibilidades, la de devolver la naturaleza pública a esta compañía está totalmente descartada y, por las últimas declaraciones del conseller Vila, se desprende que apuesta por la convocatoria de otro concurso público, con la intención de conseguir que otro grupo empresarial aporte dinero fresco a la Generalitat con el que pueda saldar las compensaciones a Acciona y BTG Pactual. Vila incluso confía en que, si ahora vuelven a convocar un concurso público, conseguirán que participen más grupos y que el importe económico sea superior porque la coyuntura ha mejorado.
Sin embargo, esto conlleva un riesgo: que Agbar continúe pleiteando en los tribunales por entender que la resolución inicial del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), que dictaminó que había que excluir el grupo liderado por Acciona del concurso, es de obligado cumplimiento y, por tanto, se les debe ajudicar automáticamente a ellos la concesión.
El OARCC es un organismo de la propia Generalitat que vela por la legalidad y la transparencia de los concursos públicos y que, en el momento de dictar la polémica resolución, sólo cuatro días después de la adjudicación a Acciona, estaba dirigido por Juan Antonio Gallo Sallent, hijo del que fuera famoso periodista y gobernador civil Federico Gallo (1930-1997). Meses después de la resolución, presionado, Gallo Sallent abandonó el cargo que había ganado por oposición, pero eso fue después de dejar a Artur Mas con el agua al cuello, nunca mejor dicho.
Recursos rechazados
Primero, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y, posteriormente, el Tribunal Supremo han rechazado los recursos de los adjudicatarios y de la Generalitat contra la resolución de la OARCC, que excluyó la propuesta de Acciona y BTG Pactual por incumplimiento del pliego de condiciones del concurso. Concretamente, alargaron más de la cuenta el calendario de las obras previstas, pero los abogados de la Generalitat advierten que este “defecto” también aparece en la propuesta que presentó Agbar, por lo que si se ha eliminado el grupo encabezado por la familia Entrecanales por este motivo, lo mismo debe pasar con la filial de Suez Environnement.
La llamada guerra del agua ha tenido episodios delirantes. Si la Generalitat hubiera esperado cuatro días a cerrar el proceso se habría ahorrado muchos problemas porque habría podido saber la posición contraria del OARCC, pero el concurso se adjudicó el 29 de diciembre de 2012, para poder cuadrar el ejercicio, y el organismo de garantías contractuales emitió el dictamen el 2 de enero de 2013. Desde entonces, desde el gobierno de Artur Mas se ha disparado contra Juan Antonio Gallo –del que se filtró un correo electrónico enviado a uno de los miembros de la mesa de contratación, en el cuando se expone argumentos críticos con la oferta de Acciona– y contra Agbar. Esta última compañía, presidida por Ángel Simón, ha dejado de pagar unilateralmente las facturas del agua que recibe de la ATLL y que luego redistribuye para forzar el cambio de concesión. Ante este desbarajuste, quien sale más perjudicado son los consumidores, a los que año tras año se les aumenta la factura del agua.
De todos modos, los brasileños de BTG Pactual, financiador de la compra de ATLL, tienen pocos motivos de queja contra la Generalitat porque en 2012 se les adjudicó el 65% de la empresa pública concesionaria de los túneles de Vallvidrera (uno de los accessos a la ciudad de Barcelona) y del Cadí (en el Pirineo) por 59,5 millones de euros y, dos años después, han vendido esta participación al fondo de capital francés Ardian por 146,4 millones, con unos beneficios de 86,9 millones. Un pelotazo: en dos años, casi han multiplicado por 2,5 la inversión inicial. Un ejemplo más de la política de privatizaciones del consejero Mas-Colell.
