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Los asentamientos en Barcelona claman contra los desalojos

Concentración de los vecinos del barrio Poblenou de Barcelona para impedir que no se desalogen las naves ocupadas mayoritariamente miedo subsaharianos que se dedican a la chatarra. (Foto: P. R.)

Pau Rodríguez

La situación de emergencia en los asentamientos del Poblenou, en Barcelona, ​​podría agravarse la próxima semana. Dos de las naves industriales ocupadas donde malviven cientos de personas se enfrentan a procesos de desalojo. Sobre una de ellas, en la calle Pere IV, ya pesa una sentencia judicial, y la otra, la más grande de toda la ciudad, en la calle Puigcerdà, está pendiente de resolución. En total, más de 300 personas podrían quedarse sin techo.

“Ninguna persona es ilegal, llevamos muchos años viviendo aquí, trabajando, cotizando a la seguridad social algunos, y somos catalanes. Sólo queremos que nos traten como personas”, se quejaba Omar, megáfono en mano, a las puertas del Palau de la Generalitat. Con el apoyo de los vecinos y algunas entidades, los ocupantes de las naves se han desplazado este domingo hasta la plaza Sant Jaume para intentar que la administración interceda para detener los desalojos.

Sin embargo, la relación entre los que viven en los asentamientos y el Ayuntamiento de Barcelona es muy tensa, porque en los últimos meses el consistorio ha desalojado, en algunos casos con episodios que han derivado en altercados, unas 100 personas de diversos edificios similares en el mismo barrio. En la mayoría de casos, se trata de naves deterioradas ocupadas mayoritariamente por personas de origen subsahariano, que se dedican al negocio de la chatarra y la venta ambulante. En total, en la ciudad se calcula que unas 700 personas malviven en estas condiciones.

Desde la plataforma vecinal de apoyo a los asentamientos denuncian que el consistorio ha desatendido el clamor de los que viven en las naves -en algunos casos hace más de un año que duermen en ellas-, y se quejan de que el Plan de Asentamientos que ha aprobado recientemente el Ayuntamiento, que ofrece alojamiento temporal a los afectados, sólo se dirige a quienes tienen papeles. Desde que se aprobó en octubre, sólo 19 personas se han acogido al plan. “Estas personas se encuentran en una situación de falta de derechos, sin vivienda y sin trabajo, y encima con el miedo de ser deportados cualquier día previo paso por el Centro de Internamiento de Extranjeros”, explica Andrés G. Berrio, abogado del colectivo.

En cuanto a los desalojos, el abogado admite que el de la nave de Pere IV será inminente e inevitable, y tampoco tiene demasiadas esperanzas en el caso del de la calle Puigcerdà, cuyo juicio se celebra el próximo jueves. Por ello, hace un llamamiento a la “desobediencia civil” con el apoyo de los barceloneses. También los afectados, a través de un comunicado, piden la implicación de los vecinos para paralizar los desalojos y hacer reaccionar al Ayuntamiento: “Exigimos a las administraciones que acaben con estas injusticias ante la gran cantidad de pisos vacíos que hay en la ciudad”, sentencian en el comunicado.

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