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Guanyem denunciará al asesor del PP valenciano que intenta registrar su marca

Registro de la marca Guanyem Barcelona ante la Oficina Española de Patentes y Marcas

João França

Un asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia ha solicitado el registro de las marcas Guanyem Barcelona y Gunayem València este miércoles, según ha revelado ValenciaPlaza.com. La solicitud de registro de ambas marcas consta ya en la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria a nombre de Luis Salom. La de Guanyem Barcelona incluye también el logo diseñado y utilizado por la plataforma ciudadana, que ya ha anunciado que lo denunciará por tráfico jurídico y mercantil sin autorización, fraude de ley y un posible delito contra los derechos fundamentales.

El político ha pagado 121 euros para registrar cada una de las marcas y ante acusaciones recibidas en Twitter ha publicado un comprobante del banco según el cual lo habría pagado de su propia cuenta. El político ha optado por solicitar el registro de la marca en la categoría de varios soportes impresos y considera, según ha declarado a ValenciaPlaza.com, que esto podría impedir imprimirlas en papeletas.

Guanyem Barcelona ha negado esta posibilidad y ha asegurado, una vez alcanzadas las 30.000 firmas de apoyo que pedían, ya habían iniciado los trámites ante el Ministerio de Interior para constituirse como partido político con ese nombre y marca. “Entre otros motivos, Ganamos Barcelona adoptó esta decisión justamente para blindarse ante comportamientos miserables de personajes oportunistas y protegernos del juego sucio”, dicen en un comunicado.

Denuncia a Luis Salom

La plataforma, además, denunciará a Salom por diversos incumplimientos de la ley. Aseguran que el logotipo está protegido por derechos de propiedad intelectual y su diseñador cedió los derechos en exclusiva a Guanyem, y que por tanto su utilización en el tráfico jurídico y mercantil sin autorización constituye un ilícito penal.

Por otra parte, dicen que la marca “Guanyem Barcelona” es notoria dada su presencia mediática y el nombre de una asociación legalmente registrada el pasado julio, por lo que el intento de apropiación podría incurrir en fraude de ley. Finalmente, añaden que “el registro fraudulento de la marca tiene como objetivo obstaculizar el ejercicio de derechos sociales y políticos, por lo que puede constituir un delito autónomo contra los derechos fundamentales”.

A nivel de valoración, consideran la acción como una “mamarrachada que guarda relación con el Partido Popular” y la valoran como “un síntoma perfecto de cómo la política neoliberal consiste en la privatización indebida de los bienes comunes”. “Esta prepotencia se ampara muchas veces en una pretendida legalidad, violentando la ley a su favor”, añaden.

Chantaje de 20.000 euros para rescatar a la marca

Luis Salom, por su parte, aseguró que renunciará a registrar las marcas Guanyem Valencia y Guanyem Barcelona “de manera totalmente gratuita” si la portavoz de Guanyem Barcelona, Ada Colau, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dan 10.000 euros por cada una de las marcas a los servicios sociales de Sant Joan de Déu.

Sobre el chantaje, Colau ha asegurado en declaraciones a Catalunya Plural que no tiene 20.000 euros y que “si los tuviera no los daría por el chantaje de un mafioso”. “Lo que me interesa es saber es si el PP valenciano apoya esta extorsión o se desmarcará públicamente y tomará medidas”, añade.

En el escrito, el asesor del PP en el consistorio valenciano afirma que la finalidad del registro “no es lucrativo” sino que busca ser “un toque de atención a aquellos que creen que todo el mundo se equivoca y que ellos son los que mejor preparados están para gobernar a las instituciones, pero descuidan un detalle tan básico como el registro de una marca”.

Sin embargo, la “jugada” de Salom sería constitutiva de un delito tipificado en el artículo 171 del Código Penal, según recuerda Carlos Sánchez Almeida, abogado y miembro de Guanyem. La legislación dice que las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

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